Ante el rechazo que mostraron autoridades estatales a la reforma legal que promueve Morena para permitir el internamiento forzado de personas adictas en centros de rehabilitación, Nicolás Pérez Ponce, presidente de la organización «Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío», aseguró que solo se fomenta que este tipo de lugares operen en la clandestinidad.

Pérez Ponce asistió a la mesa de trabajo de la comisión de Salud, donde se analizó la iniciativa que planteó la diputada Hades Aguilar, en la que se incluye, entre otras cosas, que familiares puedan obligar a sus seres queridos a someterse a un tratamiento de rehabilitación de adicciones solo con un ordenamiento judicial.

El líder de los centros de rehabilitación en el bajío dijo que aunque el Congreso del Estado no apruebe la propuesta, van a atender a personas que viven con alguna adicción a pesar de que se nieguen a someterse a los tratamientos.

En la mesa de trabajo la primera autoridad en señalar la violación a los derechos humanos de las personas con la propuesta de Morena fue la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, y luego la secundaron el resto de representantes de otras áreas de la administración estatal.

Nicolás Pérez argumentó que los tratamientos de rehabilitación no solo rescatan a la persona adicta, sino al resto de los integrantes de la familia.

Además, señaló que son los centros de rehabilitación particulares los que tienen que hacer el trabajo que no atendió de manera oportuna los gobiernos para prevenir y ahora no tienen la capacidad para brindar los tratamientos a todas las personas que viven con alguna adicción.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.