La violencia política que se desató en Hidalgo durante el sexenio encabezado por Omar Fayad Meneses, como gobernador de ese estado, se tradujo en casi una decena de asesinatos de servidores públicos, incluyendo al menos a dos presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de perder la vida, y lo cual causó que las fuerzas partidistas lanzaran reclamos hacia el Gobierno del Estado, tras observar los homicidios de sus integrantes.

De acuerdo con los expedientes que resguarda la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el sexenio de Fayad Meneses se convirtió en el escenario de nueve asesinatos de servidores públicos, según lo expuso la institución en un informe proporcionado mediante los mecanismos de transparencia.

Así lo expresaron las autoridades de Hidalgo en la respuesta que brindaron vía transparencia: “La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tras realizar una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de las unidades competentes informa que se tiene registro de 9 servidores públicos asesinados en el periodo comprendido en la administración estatal del exgobernador, Omar Fayad Meneses”.

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La solicitud de información que fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, requería la entrega de diversos datos puntuales sobre cada uno de esos asesinatos de servidores públicos perpetrados durante el mandato de Fayad Meneses, tales como las fechas en que fueron cometidos; los municipios donde ocurrieron; los nombres de las víctimas; los cargos específicos que ocupaban en las estructuras gubernamentales; así como los partidos políticos a los que pertenecían; sin embargo, la institución determinó que todas estas referencias debían considerarse reservadas y, en un caso, la clasificó inclusive como confidencial:

“De esta forma, los datos solicitados en los incisos a), b), c), d) y e) constituyen información que forma parte de la base de los actos de investigación, mismos que resultan esenciales para la integración de las carpetas de investigación; por lo tanto, deben conservarse con carácter de reservados, siendo accesibles únicamente para quienes cuenten con legitimación jurídica dentro del procedimiento. Asimismo, por lo que respecta al nombre del servidor público asesinado (inciso c), éste debe considerarse como información confidencial, en virtud de que constituye un dato personal… (folio 130213100031226)”.

Asesinados dos alcaldes en funciones

No obstante, los registros hemerográficos que pueden rastrearse, indican que durante el sexenio de Fayad Meneses hubo al menos dos asesinatos vinculados con la violencia política que causaron un gran impacto en la entidad, cada uno en su momento, pero ambos con presidentes municipales como víctimas mortales: el de Manuel Aguilar García, quien fuera alcalde de Zapotlán de Juárez, atacado con arma de fuego el 10 de junio de 2021; y el de Alejandro González Ramos, quien fuera alcalde de Pacula, y que sufrió un ataque armado el 3 de mayo de 2018.

Aguilar García pertenecía a Movimiento Ciudadano, por lo cual el mismo 10 de junio de 2021, ese partido emitiría un mensaje donde señalaba lo siguiente: 

“Condenamos el asesinato de Manuel Aguilar García, presidente municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Nuestra solidaridad con su familia. Exigimos a las autoridades que se investigue este lamentable crimen y se castigue a los culpables”.

El propio gobernador de Hidalgo, Fayad Meneses, actual embajador de México en Noruega, condenaría ese asesinato perpetrado durante su mandato: “Mi solidaridad con los seres queridos del presidente municipal de Zapotlán de Juárez, Manuel Aguilar García. Reprocho de manera enérgica estos actos detestables en el estado; por ello giré instrucciones a las autoridades competentes para esclarecer este lamentable acontecimiento”.

Morir en Pacula

Antes de esos hechos, el asesinato de González Ramos, alcalde de Pacula, ya había causado que desde el Congreso de Hidalgo los legisladores le exigieran al Gobierno de Fayad Meneses que se rediseñara la estrategia de seguridad que estaba implementando en la entidad, dados los malos resultados que se habían obtenido, y para que así fueran combatidos los grupos criminales que se encontraban asentados en el estado, según puede constatarse en los posicionamientos legislativos que se expresaron el 8 de mayo de 2018.

Luis Enrique Baños Gómez, diputado en ese momento del Partido Acción Nacional, y correligionario del alcalde asesinado, señalaría en su intervención de aquel día: “nos sumamos a la condena enérgica del asesinato de nuestro compañero y amigo Alejandro González Ramos, alcalde del municipio de Pacula, que lamentamos profundamente su pérdida. Estos hechos ocurridos el jueves 03 de mayo, cuando el presidente municipal transitaba a bordo de su vehículo, con destino a la comunidad de Jiliapan, fue agredido, lamentablemente con el resultado de privarlo de su vida. El Partido Acción Nacional, exige a la Procuraduría General de Justicia que se realice una investigación pronta, objetiva, pero sobre todo apegada a una estructura y diseño de previsión a futuro”.

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Siguió: “exigimos a la Secretaría de Seguridad Pública, que se rediseñe una estrategia, que se encuentre más fortalecida, con recursos y programas de capacitación y adiestramiento de los cuerpos de seguridad, tanto estatales como municipales, así como llevar a cabo un combate eficaz a los grupos delictivos que tienen secuestrados algunos municipios en el país. (…) tan sólo en el Estado de Hidalgo, suman tres asesinatos relacionados con personas de la vida pública, en este año 2018: Carlos Ortega Reyes, exregidor de Cuautepec, privado de la vida el 20 de enero; dos semanas antes también fue privado de la vida Miguel Ángel Licona, exalcalde de Mixquiahuala”.

Rezago forense, otra ‘herencia’ en Hidalgo

A los señalamientos por violencia política durante el sexenio de Omar Fayad se suma uno de los símbolos más crudos de la crisis de derechos humanos en la entidad: 672 cuerpos sin identificar almacenados en dos contenedores, un rezago forense que evidencia años de omisiones institucionales y que mantiene en la incertidumbre a cientos de familias de personas desaparecidas.

El caso fue documentado por la organización ciudadana Red Lupa en su informe “Revisión ciudadana del desempeño institucional en materia de desaparición de personas y recomendaciones de mejora”, elaborado a partir de testimonios de familiares y colectivos de víctimas en la entidad. De acuerdo con el documento, existen dos contenedores que albergan un total de 672 cuerpos de los cuales no se tiene información actualizada desde hace más de tres años.

Las familias han expresado su preocupación ante la posibilidad de que algunos de estos restos hayan sido enviados a fosas comunes sin que se agotaran previamente los procedimientos de identificación. Además, señalan que no han recibido reportes claros sobre el procesamiento forense de los cadáveres ni sobre posibles coincidencias con personas reportadas como desaparecidas.

El informe también cuestiona el desempeño de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Hidalgo. Según Red Lupa, la institución no respondió diversas solicitudes de información realizadas para evaluar su actuación, lo que dificultó conocer el estado real de las investigaciones y del rezago forense. Familiares de víctimas señalaron que las carpetas de investigación suelen permanecer abiertas durante años sin avances sustanciales y que las mesas de trabajo sostenidas con autoridades no han producido resultados concretos.

Ante este escenario, la organización recomendó poner en operación de manera efectiva el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana para agilizar la identificación de los cuerpos y compartir los resultados de las confrontas genéticas con las familias que buscan a sus seres queridos. Entre los objetivos planteados destacan la reducción del número de personas desaparecidas sin localizar, la identificación de restos humanos pendientes de análisis y la restitución digna de los cuerpos a sus familiares.

La utilización de contenedores para almacenar cadáveres sin identificar revive además uno de los episodios más polémicos en materia forense en México: el llamado “tráiler de la muerte” de Jalisco, descubierto en 2018 con cientos de cuerpos bajo resguardo. 

Violación a derechos humanos en gobierno de Fayad

La administración encabezada por Omar Fayad Meneses en Hidalgo dejó un saldo de más de 4 mil 600 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con registros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) obtenidos mediante solicitudes de transparencia. Las denuncias fueron presentadas contra distintas dependencias estatales durante el periodo comprendido entre 2016 y 2022, colocando a áreas de procuración de justicia, seguridad pública, educación y salud entre las más señaladas por la ciudadanía.

Según los datos oficiales, durante el sexenio de Fayad se contabilizaron 4 mil 608 quejas relacionadas con posibles vulneraciones a derechos fundamentales. La dependencia que concentró el mayor número de señalamientos fue la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con mil 464 expedientes, seguida por la Secretaría de Seguridad Pública, que acumuló mil 283 denuncias. En tercer lugar se ubicó la Secretaría de Educación Pública estatal con mil nueve quejas, mientras que la Secretaría de Salud registró 272 y la Secretaría de Gobierno 119.

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Otras áreas gubernamentales también fueron objeto de denuncias, aunque en menor medida. Entre ellas destacan la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto de la Defensoría Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Finanzas. Asimismo, decenas de expedientes fueron clasificados bajo las categorías de “autoridad responsable” o “quien resulte responsable”, lo que refleja la amplitud de los señalamientos contra el aparato gubernamental de aquel periodo.

Recomendaciones incumplidas

Además de las miles de quejas acumuladas, la gestión de Fayad también dejó pendientes en materia de cumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos protectores de derechos humanos. Registros de la propia comisión estatal muestran que durante ese sexenio fueron emitidas al menos 22 recomendaciones dirigidas a dependencias estatales por actos considerados violatorios de derechos humanos, principalmente contra instituciones de procuración de justicia, salud, educación y seguridad.

El exmandatario también enfrentó críticas por declaraciones realizadas en 2016 durante un acto público en el municipio de Acaxochitlán, donde emitió comentarios dirigidos a mujeres indígenas que provocaron pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Nacional de las Mujeres, organismos que reprobaron las expresiones por considerarlas ofensivas y contrarias a los principios de respeto e igualdad.

Actualmente, Omar Fayad se desempeña como embajador de México en Noruega. Sin embargo, los registros históricos de quejas y recomendaciones mantienen vigente el debate sobre el desempeño de su administración en materia de derechos humanos, uno de los rubros que organizaciones civiles y colectivos consideran como una de las principales deudas del gobierno hidalguense de aquel periodo.

Información. Reporte Índigo.