Cuatro ministros contra suspender prisión preventiva; ONU urge eliminarla.

De entre los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro se han pronunciado contra la inaplicación de prisión preventiva oficiosa. Esto con el argumento de que no tienen las facultades para reformar la Constitución.

El ministro Luis María Aguilar Morales planteó la inactivación de esta medida en su proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición contra esta figura jurídica en 2019.

Con estas cuatro negativas, ya no se alcanzarían los ocho votos necesarios para la aprobación por mayoría calificada de este proyecto.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, este negó que la decisión de estos 4 ministros se diera por presión de parte del gobierno que representa. Dijo que lo único que él hizo fue exponer el tema durante la ‘mañanera’.

¿Quiénes desestimaron la propuesta?

ministros prisión preventiva

Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá han desestimado la propuesta.

Aguilar Morales aclaró que no propone que la Suprema Corte vaya a negar la posibilidad de decretar la prisión preventiva. Tampoco busca que se atente u obstaculice las labores de investigación y persecución de los delitos, ni que los presos sean liberados en automático.

“Cuando se comete un delito y el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para sostener una acusación por supuesto que podrá solicitar la prisión preventiva”, expuso Aguilar Morales.

Por su parte, Loretta Ortiz Ahlf acusó que sería una “falacia” que la Suprema Corte desaplique la Constitución mientras está llamada a protegerla.

Mientras tanto, el ministro Alberto Pérez Dayan, opinó igual que sus compañeros sobre que los jueces constituciones o la SCJN no son quienes deben reformar esta controvertida medida. Esta misma opinión la sostuvo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Él defendió que “la prisión preventiva automática basada sólo en condiciones genéricas resulta violatoria de los derechos humanos del imputado”. Sin embargo, no está en sus facultades inaplicar esta norma.

Desproteger a la población

La ministra Esquivel Mossa por su parte señaló que si bien la prisión preventiva oficiosa no es una medida deseable para el Estado mexicano, consideró que la SCJN no tiene las atribuciones para inaplicar la norma establecida en la Constitución.

También consideró que suprimir esta medida significaría dejar a la población vulnerable ante delincuentes del crimen organizado. Además, se les daría la espalda a las familias de las víctimas.

“Suprimirla significaría una decisión que generaría mayores costos sociales. Porque implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado, pues si como hemos visto estas, en muchos casos, tienen la capacidad financiera y operativa para enfrentar a los cuerpos de seguridad pública, inclusive con armamento de alto poder. Existen razones fundadas para suponer que las víctimas, los testigos, los peritos e inclusive autoridades ministeriales y juzgadores quedan en peligro ante las agresiones de estas personas”, dijo.

Este martes continuará el debate y tocará el turno a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y al ministro presidente, Arturo Zaldívar.

ONU urge anular esta medida

ONU

Mientras se da este debate entre los ministros, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las  Naciones Unidas (ONU) urgió a México a anular la prisión preventiva oficiosa o automática, consagrada en la Constitución.

El organismo consideró que esta medida va contra las garantías internacionales de protección de derechos humanos. Además destacaron que implica la violación de la presunción de inocencia y generado casos de injusticia.

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la propia Corte han adoptado conclusiones similares.

Las injusticias

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló que bajo el artículo 19 de la Constitución el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos. Esto ha implicado violaciones a derechos humanos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

De igual forma es contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente las causas de la detención.

Agregó que pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además acusaron que el que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley no deja de ser arbitraria.

“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario”, expuso Estrada-Castillo.

Información. Periódico Correo.

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