Presenta Pureco 31 denuncias penales contra los Villarreal.

El Gobierno de San Miguel de Allende ha presentado 30 denuncias penales -28 de ellas este lunes- en contra de su antecesor, el exalcalde Luis Alberto Villarreal García, por un daño patrimonial estimado en más de 154 millones de pesos, provocado en su mayoría por actos consumados a pocos días de que terminara su gestión.  

Aunado a ello, tiene en trámite una más en contra del hermano de Luis Alberto, Ricardo Villarreal, por la adquisición ilegal de un sistema de seguridad, por 14 millones 848 mil pesos, en diciembre del 2016. 

El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, apuntó que la mayoría 29 de las 31 denuncias referidas, son por temas inmobiliarios en los que el Municipio, durante el trienio de Luis Alberto Villarreal. 

Aseguró que no se trata de una venganza política, aunque también adelantó que esto es solamente “la punta del iceberg”. 

Para elaborar las denuncias y darles seguimiento, la administración sanmiguelense contrató al despacho “González Sierra Arredondo & Sujo”, a quien hasta ahora ha pagado cerca de 8 millones de pesos. 

Pablo González Sierra, socio fundador de la firma, explicó que en las irregularidades inmobiliarias se detectaron tres formas de operar que terminaron por ocasionar daños patrimoniales al Municipio. 

La primera fue que se vendieron terrenos a particulares muy por debajo de su valor comercial. 

Un ejemplo de ello es la venta de un predio de 21 mil metros cuadrados a la empresa “Aurora Developers, S.A. de C.V.” por 6 millones 866 mil pesos, cuando su valor comercial era de 20 millones 638 mil pesos, de acuerdo con distintos avalúos, lo cual presupone un daño patrimonial por 13.7 millones. 

Trejo Pureco resaltó que esta transacción se consumó el 11 de agosto del año pasado, ya cuando Villarreal había sido derrotado en las elecciones y a dos meses de concluir su mandato. 

González Sierra indicó que la segunda manera en que se cometieron irregularidades en el rubro inmobiliario es a través de permutas, donde el gobierno municipal aceptó bienes inmuebles de valor muy inferior a cambio de predios de un valor muy superior. 

Apuntó que el caso más grave ocurrió el 3 de octubre del 2021, una semana antes de que terminara el trienio de Villarreal: la administración municipal otorgó un terreno valuado en 47.4 millones de pesos a un particular, que a cambio otorgó un predio de 6.8 millones de pesos, ubicado en un fraccionamiento que no está formalmente constituido ni cuenta con servicios básicos. 

Lo anterior representa un presunto daño al erario por 40.5 millones de pesos. 

Asimismo, señaló que desarrolladores inmobiliarios sacaron ventaja del Municipio dando como áreas de donación terrenos alejados del fraccionamiento en cuestión, con un precio mucho menor al que tendría un predio de su desarrollo. 

Por estas irregularidades, se presentaron ya 30 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE, todas correspondientes al gobierno encabezado por Luis Alberto Villarreal, y que sumarían un presunto daño por 138.5 millones de esos. 

Además, Mauricio Trejo afirmó que se tienen plenamente identificados a nueve exfuncionarios y al menos ocho desarrolladores inmobiliarios como presuntos responsables de esto, e indicó que se trabaja en tratar de recuperar parte de lo perdido. 

Denuncian compra ‘fantasma’ de vacunas  

Otro tema que denunció el alcalde priista es que el 08 de marzo del año pasado, Villarreal García solicitó 16 millones de pesos para la compra de vacunas anticovid, lo cual legalmente era imposible realizar.  

El 01 de septiembre dicho monto desapareció de la partida para la presunta adquisición de las dosis, pero no apareció en ningún otro lado, y el Municipio nunca compró los referidos biológicos. Tampoco hay registro de alguna sesión de ayuntamiento donde se haya reetiquetado el recurso en cuestión. 

Asimismo, Trejo Pureco informó que fue presentada otra denuncia contra Ricardo Villarreal por la compra -vía adjudicación directa- del proyecto denominado Centro de Inteligencia en Seguridad (CIS), a la empresa “Vens Consultores, S.C.”, en diciembre del 2016. 

Lo anterior fue ilegal porque, según explicó el abogado Pablo González, este sistema duplicaba las funciones del sistema estatal y nacional de seguridad pública, en cuando a recabar datos biométricos y personales de los detenidos, tarea que realiza, por ejemplo, Plataforma México. 

Lo anterior, precisó, contraviene lo establecido en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que dicta que los municipios no pueden contar con sistemas paralelos al Sistema de Información de Seguridad Pública.  

Además, un ente particular como lo es “Vens Consultores, S.C.” tiene bajo su resguardo los datos que recabó mientras operó en el municipio, hasta octubre del 2018. 

Añadió que otra irregularidad en este tema es que el sistema se compró por adjudicación directa con el argumento de que la empresa tenía la propiedad exclusiva de la licencia de software para su operación, lo cual resultó no ser verdad, pues en realidad le pertenece a “Portoss, S.A. de C.V.”. 

En total, son 31 denuncias presentadas hasta ahora ante la Fiscalía local por los presuntos delitos de lavado de dinero, actuación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, daño patrimonial y abuso de autoridad. 

Información. Fernando Velázquez.

Foto. Decálogo.

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