Irapuato revisa reglamento de derecho a la manifestación, pero ¿qué es lo que dice?.

Este 10 de mayo, Lorena Alfaro, alcaldesa de Irapuato, reconoció el abuso de autoridad durante la manifestación feminista del 1 de mayo y anunció el cese de Ruben Omar Jaramillo, de la Dirección General de la Policía de Irapuato.

El pasado 1 de mayo, lo que comenzó como un llamado por justicia y atención a la violencia de género, terminó en una violenta represión de policías municipales contra las manifestantes, a quienes agredieron, amenazaron y detuvieron arbitrariamente.

Diez días después de la represión policial en la que se detuvieron a 28 mujeres y un joven, la alcaldesa dio un giro a su discurso de defensa a la Policía Municipal y aceptó la postura de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Por ello anunció que revisarán el reglamento de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) para la libre expresión y manifestación.

Las denuncias por el violento actuar policiaco no se hicieron esperar, manifestantes, terceros e incluso mujeres periodistas habrían sido reprimidas en este acto y agredidas.

Desde enero de 2021, la Prodheg emitió su “Propuesta de Reglamento municipal para garantizar el derecho a la manifestación”.

Sin embargo, de los 46 municipios de Guanajuato, actualmente solo Cuerámaro cuenta con un reglamento vigente sobre las manifestaciones públicas. Esto luego de las protestas del 24 de noviembre de 2019 en que 17 personas fueron acusadas de terrorismo.

Cuerámaro habría sido el segundo municipio en buscar contar con el reglamento. El primero sería León, pero el Congreso de Guanajuato rechazó la iniciativa por contradicciones en los artículos y porque estos violentaban los derechos a la libre protesta.

¿Qué busca el reglamento?

Los objetivos de este reglamento serían establecer acciones de prevención en el desarrollo de la manifestación; reconocer los derechos y deberes de las personas en torno a la protesta; además de normar la actuación de los servidores públicos, las dependencias y entidades municipales para garantizar este derecho.

También, se buscaría establecer las bases para gestionar el diálogo con presunción de que es un acto pacífico. Los participantes tendrán derecho al anonimato.

Respecto al actuar de la autoridad municipal, el reglamento establece que esta deberá garantizar un entorno seguro para los participantes, defensoras de derechos humanos, periodistas y terceros que se puedan ver involucrados.

También deberán tomar acciones preventivas en la medida de lo posible, conociendo y planeando con anticipación estos actos. Además de esto, deberán buscar generar diálogo y garantizar la no confrontación en caso de contramanifestación.

¿Está permitido el uso de la fuerza?

La respuesta es sí, el uso de fuerza está permitido, pero siempre deberá ser una excepción y solo recurrir a este como último recurso.

En casos de que se rompa la perspectiva de licitud, es decir la presunción de ser un acto pacífico y lícito, esto se aplicará unicamente sobre personas concretas y jamás se extenderá a la manifestación en general ni a otros participantes.

El artículo 19 del reglamento establece que:

“Las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública municipal, podrán intervenir ante actos de violencia en la manifestación. La intervención deberá ser específicamente en contra de las personas que realizan los actos de violencia”.

Además dicho uso de fuerza quedará sujeto a las disposiciones de ley y protocolos nacionales, estatales y municipales.

Por tanto, en caso de presentarse actos en contra de los derechos humanos durante estos actos, las acciones por parte de elementos deben ser directamente hacia quienes realicen actos de violencia, pero siempre evitando la represión de la manifestación, la discriminación y la estigmatización.

¿Y si no cumplen con el reglamento?

El reglamento establece que para todo lo anterior, el municipio conformará un grupo interinstitucional cuyo objetivo fundamental será garantizar un espacio seguro para la manifestación.

En caso de omisión o incumplimiento de autoridades al reglamento, estos podrán ser sujetos a investigación; mientras, “los integrantes de instituciones de seguridad pública municipal, de conformidad a lo establecido en los artículos 92, 100, y 102 fracción I de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, podrán ser sujetas a procedimiento disciplinario” por omisión o incumplimiento.

Documento completo: https://periodicocorreo.com.mx/wp-content/uploads/2022/05/anexo_i.pdf

Información. Periódico Correo.

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