Aprueba Congreso de Guanajuato reconocer extorsión como delito contra la libertad.

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para que la extorsión sea reconocida como un delito contra la libertad y seguridad de las personas, ante el terror y el daño emocional que genera en las víctimas.

La legisladora del PAN, Cristina Márquez Alcalá manifestó que ante la alta incidencia que presenta el delito de extorsión así como el daño físico, psicológico, emocional y patrimonial que ocasiona a las víctimas, era necesario implementar las acciones legislativas para combatirlo, castigarlo y prevenirlo.

Por ello en las modificaciones aprobadas por el pleno, se contempla establecer como agravante que quien cometa extorsión se encuentre armado y que exista una afectación directa al patrimonio de la víctima.

Solo 2 de cada 100 casos se denuncian

Márquez Alcalá señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), en el año 2020 se cometieron 4.7 millones de delitos de extorsión, lo que representa una tasa de más de 5 mil extorsiones por cada 100 mil habitantes, además que la cifra negra es de casi del 98%, es decir que solo 2 de cada 100 delitos son denunciados.

Recientemente el Observatorio Ciudadano de León (OCL) informó que tan solo en enero de este año, en el Estado de Guanajuato, el delito de extorsión se incrementó hasta en un 529% en comparación con el mismo mes del 2021.

“Hoy los medios empleados por los extorsionados llegar incluso a niveles extremos, sembrando con ello en la sociedad un sentido de inseguridad que hace que las víctimas no estén dispuestas a denunciar (…) las personas y las familias que son objeto del delito de extorsión sienten un profundo miedo a su integridad y por la pérdida de sus bienes, de sus ahorros, por el esfuerzo de la vida que han llevado a cabo y que de pronto se ve mermado por una conducta tan lesiva como esto, viven momentos de intranquilidad, se merma su salud”, sostuvo.

Por lo que señaló que con esta reforma lo que se busca es proteger a la víctima y tutelar un bien superior, que es la vida, la integridad física y la libertad de los guanajuatenses.

Información. Periódico Correo.

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