Emilio Lozoya: se acabó el tiempo.

Se venció el plazo. Emilio Lozoya está obligado a presentar pruebas sobre la corrupción de sus superiores jerárquicos, en la campaña electoral de 2012 y mientras fungió como director de Pemex: el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

De no hacerlo, los beneficios con los que ahora cuenta, incluido el de no estar tras las rejas, podrían ser revertidos. En los hechos, lo único en lo que hay claridad es que él sí aceptó sobornos de la empresa Odebrecht, aunque falta por establecer si repartió el dinero o se lo quedó.

Lozoya entregó, por adjudicación directa, contratos para la compañía brasileña en las refinerías de Tula y de Salamanca. Para eso fueron los 10 millones de dólares que le proporcionaron. 

Las afirmaciones de que utilizó los recursos para que se aprobara la Reforma Energética suenan fantasiosas, porque resulta absurdo que se tuviera que sobornar a los integrantes del PAN para que votaran por una propuesta en la que coincidían.

Además, hasta ahora, ninguno de los implicados en la trama de Odebrecht ha señalado que les interesara influir en el proceso de reformas en México. Lo que han dicho es que querían contratos con Pemex y eso es lo que obtuvieron. 

Lo más probable es que Lozoya no ofrezca nada relevante, en la audiencia que se tiene prevista este miércoles, porque si lo tuviera ya lo conoceríamos, ya que el caso que enfrenta tiene una clara utilidad política y una muy discreta posibilidad jurídica. 

Conviene no olvidar que a Lozoya se le investigaba al menos desde enero 2017, derivado de una denuncia presentada por Pemex ante la PGR y en la Secretaría de la Función Pública, lo que indica que los manejos turbios en los que incurrió ya habían sido detectados. 

Es decir, Lozoya ya era un enemigo del presidente Peña Nieto desde mucho antes de que decidiera fugarse del país. La cronología es relevante, porque da pistas de las motivaciones que lo hicieron llegar a pactar con la FGR a cambio de un margen nada despreciable de impunidad.

A Lozoya hay que reconocerle que supo ver con claridad que la motivación principal de quienes ahora gobiernan es la del escarnio y no la de la justicia.

Por eso funcionaron sus cuentos a lo largo de un año, pero la situación no se puede seguir estirando o no al menos desde la perspectiva del debido proceso. 

Si bien las acusaciones de Lozoya tienen al ex senador José Luis Lavalle en prisión y al ex candidato del PAN a la presidencia, Ricardo Anaya fuera del país, es evidente que eso no cuadra con lo que ofreció, además de que sea muy dudoso que los fiscales estén en posibilidades de lograr condenas.

Además, el relato de lucha contra la corrupción que se despliega desde Palacio Nacional, requiere ya de hechos concretos, porque el ex director de Pemex es ya un lastre pesado. 

Por supuesto que no hay que descartar que se encuentre la forma de ganar tiempo, aunque lo relevante es observar cómo irá aumentando el costo político de tener de testigo protegido a quién sí es un corrupto confeso.

Información. Forbes.

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