Como medida de protección para los contralores municipales, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción propondrá que los órganos de control interno se independicen de los municipios y sean adscritas a un organismo estatal.

La diputada por el PAN, Libia García Muñoz Ledo, presentó una iniciativa a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para que la destitución de contralores se concrete solo cuando existan resoluciones firmes que constaten irregularidades en su actuar y no solo con acusaciones.

Al respecto, Fernando Revilla Guerrero, presidente del CPC, avaló la iniciativa de la legisladora panista, pero consideró que todavía se podría perfeccionar y dar independencia a los titulares de órganos de control interno para que realicen su trabajo sin condicionantes.

Fernando Revilla utilizó como ejemplo de vulnerabilidad y falta de autonomía la remoción del contralor salmantino, Miguel Enrique Cordero, quien señaló anomalías en la adquisición de una camioneta blindada al servicio de la presidenta municipal, Beatriz Hernández.

El presidente del CPC adelantó que el organismo hará una propuesta para que la reforma incluya la conformación de un instituto estatal de contralores, y que los contralores ya dependan de los gobiernos municipales.

El objetivo del CPC es que la creación del instituto estatal de contralores se concrete antes de noviembre, cuando se renueva la presidencia del organismo.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.