Activistas por los derechos de las comunidades de la diversidad sexual y de género reclamaron que, a pesar de que existe una legislación, la atención para las poblaciones es limitada, desde las unidades municipales hasta la subsecretaría creada por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.

Luis Alberto Cruz Cárdenas, director de la organización Diversidad Guanajuato Bajío, reveló datos sobre la impunidad que prevalece en Guanajuato cuando se trata de violencia por prejuicio: entre 2021 y 2025 se iniciaron 2 mil 495 carpetas de investigación, pero solo 170 llegaron ante un juez.

A decir del activista, el que la Ley de la Diversidad Sexual y de Género obligue a las administraciones municipales y estatales a instaurar una unidad de atención a las poblaciones LGBT+, no garantiza avances significativos en el reconocimiento de derechos y el acceso de las personas a una vida libre de prejuicios.

Pese a las críticas, Cruz Cárdenas deslindó de responsabilidad a la gobernadora, Libia García, porque aseguró que las personas víctimas han encontrado las puertas cerradas en la subsecretaría de la Diversidad del Gobierno del Estado.

En los testimonios, Paquita, mujer trans de Guanajuato capital, expuso que cuando ha ido a la Fiscalía General del Estado a denunciar agresiones por su identidad de género, no recibe atención del personal que le piden llegar con golpes visibles para poder levantar la denuncia.

Alberto Alvarado, activista y militante de Morena, señaló que a pesar de la creación de las unidades para la atención de las poblaciones, solo se destinan recursos económicos pero no atienden las necesidades de las personas LGBT+, prueba de ello es la titular en Guanajuato capital, Rubí Araujo.

De los asesinatos de personas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género que se han registrado en Guanajuato, en ningún caso se ha dado a conocer información de personas sentenciadas o detenidas por estos crímenes.

Información. Carmen Pizano.

Foto. El Sol de México.