Promueve Plásida Calzada juicio contra acuerdo del IEEG para garantizar espacios a representantes indígenas.

La diputada local Plásida Calzada Velázquez anunció que promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) un juicio de protección de derechos político-electorales en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, ante el acuerdo aprobado por la mayoría del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para que sea a través de una autoadscripción simple que una persona pueda representar a este grupo poblacional en los consejos distritales y municipales.

Plásida Calzada es la primera diputada indígena en el historia del Congreso de Guanajuato, pero llegó luego de que fue el propio IEEG el que rechazó el registro de Bárbara Botello quien se dijo indígena para poder entrar como candidata a diputada plurinominal. Tras el rechazo, Morena se vio obligado a postular a una verdadera representante indígena.

En la sesión de la diputación permanente, Calzada Velázquez se dirigió a los habitantes de pueblos y comunidades indígenas para informar el recurso legal que presentó ante el TEEG para que sea el Tribunal el que obligue al IEEG a exigir la autoadscripción calificada; es decir, con el apoyo de autoridades indígenas o asambleas, que una persona se pueda promover como su representante.

La diputada dijo que el recurso legal lo presenta en un acto de congruencia porque las cuotas para acciones afirmativas en favor de los grupos prioritarios, entre ellos los indígenas, son el resultado de una lucha histórica que no puede borrarse solo por la decisión de consejeros que no ponen candados para garantizar la verdadera representación indígena.

Plásida Calzada anunció que también promoverá otro recurso para que se revise la permanencia o no de los consejeros que votaron a favor de eliminar la autoadscripción calificada para dejarla de manera simple. Quienes apoyaron el cambio fueron: Nora Marisela García Huitrón, Luis Gabriel Mota, Gustavo Hernández y Blanca Marcela Aboytes.

Recordó que las autoridades están obligadas a tomar decisiones apegadas a los más altos estándares de protección a los derechos humanos de las personas.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.

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