La Suprema Corte de los Estados Unidos reafirmó el derecho a la ciudadanía para todas las personas nacidas en el país; esta decisión afirma que sin importar la condición migratoria de los padres, la ciudadanía es una garantía constitucional que abre la puerta a la participación política de una nueva generación.

Compuesto por tres ministros liberales y seis conservadores, tres de ellos designados por el presidente Donald Trump durante su primer gobierno, el máximo tribunal estadounidense otorgó múltiples victorias conservadoras durante el periodo de sesiones 2026, como permitir al Ejecutivo retirar unilateralmente protecciones a refugiados políticos y anular respaldos electorales a grupos vulnerables.

Así, la Casa Blanca motivó el uso de la Corte como herramienta de legitimación política; sin embargo, durante su último día de sesiones, la decisión sobre la ciudadanía por nacimiento constituye un obstáculo en la agenda de la Presidencia.

En la opinión que interpreta el fallo de la Corte, John Roberts, ministro presidente, señaló que la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada para otorgar ciudadanía a los hijos de exesclavos afroamericanos después de la Guerra de Secesión, garantiza el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país como una oportunidad para participar libremente en la comunidad.

La posición de Roberts no encontró resonancia en todos sus compañeros de banquillo, pues fue aprobada por la mínima mayoría al encontrar apoyo únicamente entre los tres jueces liberales y la conservadora Amy Coney Barrett.

El plan legislativo del presidente Trump

La opinión del ministro Clarence Thomas, quien escribió el disenso al fallo de la Corte, defiende el alegato esgrimido por el presidente Trump en la orden ejecutiva que privaba de nacionalidad a los hijos de no ciudadanos estadounidenses bajo el argumento de que la cláusula de ciudadanía ha sido “pervertida” por inmigrantes indocumentados y personas que buscan realizar “turismo de nacimiento”.

En respuesta a esta narrativa y al fallo de la Corte, tanto la Casa Blanca como sus aliados en ambas Cámaras del Congreso advirtieron que tomarán medidas legislativas para remediar una decisión que el presidente Trump calificó como “injusta y costosa para el país”.

El internacionalista Alejandro Martinez Serrano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Norteamérica, señala que si bien el fallo de la Corte representa un “descalabro” para la agenda presidencial, las elecciones de medio término convierten el tema en un motivante de campaña.

“Es un descalabro para uno de los pilares del movimiento MAGA, que es la lucha contra el inmigrante (…) El presidente va a promover una ley para que la nacionalidad se adquiera exclusivamente por derecho de sangre y, obviamente, ya estamos en tiempos electorales y tal parecería que la derrota de Trump estaría atada a este proceso.

“Los simpatizantes del movimiento MAGA y del Partido Republicano buscarán que sus representantes consigan más puestos en las Cámaras para que el mandatario presente su iniciativa con una mayoría a su favor; claro que esto también podría ser una bandera a defender que sirva al Partido Demócrata”, dice el especialista.

Si bien el presidente Trump señala que una eventual propuesta de ley no tendría que cumplir con todos los requisitos de una enmienda constitucional, debido a que la decisión de la Suprema Corte y la opinión del juez Roberts utilizan la decimocuarta enmienda para defender la ciudadanía por nacimiento, cualquier modificación requiere ser aprobada por este proceso.

El profesor Martínez Serrano aclara que la Constitución estadounidense es un texto particularmente difícil de modificar, por lo que en sus casi 250 años de historia solo ha tenido 27 enmiendas, por lo que se augura complicado una modificación de ese estilo en este momento político.

Una nueva ola de deportaciones en Estados Unidos

Lindsey Graham, uno de los principales apoyos de la Presidencia en el Senado, ha denunciado sin prueba alguna que existen industrias completas dedicadas a llevar familias a los Estados Unidos únicamente para que sus hijos nazcan en suelo estadounidense, obtengan la ciudadanía y puedan después utilizarlos como ancla para permanecer en el país.

En respuesta a esta narrativa, el Departamento de Justicia anunció el pasado 30 de junio que sus fiscales priorizarán investigaciones contra personas que lleguen a Estados Unidos bajo engaños y con la intención de asegurar el nacimiento de una persona en territorio estadounidense. De acuerdo con un memorándum interno, los fiscales fueron comandados a presentar cargos por fraude migratorio, lavado de dinero, robo de identidad y fraude electrónico.

“Esto es parte de la estrategia migratoria de Trump, comparte metas con las deportaciones de personas en situación irregular. Tras esta decisión, incluso podríamos ver que llevan a cabo un mayor número de deportaciones y que se da incluso un fenómeno de separación de familias debido a que los padres no estén regularizados y los hijos sean ciudadanos por nacimiento; todo esto, bajo estricto apego a la ley por la condición migratoria de las familias”, señala el profesor Martínez Serrano.

Si bien voces dentro de la Casa Blanca, como la del asesor presidencial Stephen Miller, han llamado a la decisión de la Suprema Corte “un suicidio civilizacional”, la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera mujer afrodescendiente en la Corte, rebatió esos argumentos al escribir que la decimocuarta enmienda fue y es un “reinicio antisubordinación” para los Estados Unidos.

Información. Reporte Índigo.