En una decisión dividida la Suprema Corte de los Estados Unidos llegó a la conclusión que la orden ejecutiva emitida por el presidente, Donald Trump, que restringía la ciudadanía por nacimiento contraviene la Constitución; con esta decisión el máximo tribunal estadounidense bloquea una de los principales proyectos políticos de la Casa Blanca.

La Suprema Corte de los Estados Unidos, cuya composición es mayoritariamente conservadora, votó cinco a cuatro a favor de una interpretación constitucional que garantiza la ciudadanía universal a todas las personas nacidas en los Estados Unidos.

“Los niños nacidos en los Estados Unidos de padres ilegal o temporalmente presentes en los Estados Unidos son sujetos de la jurisdicción de los Estados Unidos y por lo tanto ciudadanos de nacimiento”, declaró el máximo tribunal estadounidense.

La decisión de la Corte fue justificada no solamente en el texto constitucional sino también en años de historia y jurisprudencia que solidifican la ciudadanía como el derecho a tener derechos. El juez John Roberts, ministro presidente de la Suprema Corte, explicó en la opinión que sustenta el falló que la tradición legal estadounidense establece a la ciudadanía como el derecho a participar libremente en la comunidad política del país y la decimocuarta enmienda de la Constitución extiende ese derecho a todas las personas “nacidas libres” en los Estados Unidos.

El presidente Trump criticó la decisión de la Corte, calificándola de “muy mala” para el país, y aseguró que el Congreso estadounidense fácilmente puede revertir el fallo mediante legislación; sin embargo, a diferencia de lo afirmado por el presidente, revertir este fallo requeriría una enmienda constitucional aprobada por dos terceras partes del Congreso y las legislaturas de los estados.

Firmada en el primer día de Trump de regreso en la Oficina Oval, la orden ejecutiva titulada “Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense” comandaba a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos estadounidenses a las personas nacidas de padres que no fueran ciudadanos y cuya residencia legal en el territorio no fuera permanente; bajo esos parámetros, los hijos de inmigrantes irregulares o de visitantes temporales, como turistas o trabajadores estacionales, no podrían obtener la ciudadanía estadounidense.

El argumento de la administración Trump recaía en una interpretación de la decimocuarta enmienda que ve a esta sección del texto constitucional como una herramienta pensada exclusivamente para otorgar la ciudadanía a hijos de esclavos después de la Guerra Civil y, por lo tanto, no extensiva a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.

Impugnada inmediatamente por múltiples jueces federales, el tema llegó a la Suprema Corte en septiembre de 2025 mediante el caso Trump v Barbara, una demanda colectiva impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en nombre de una ciudadana hondureña y de todos las personas que habrían sido privadas de su ciudadanía a causa de la orden presidencial.  Se estima que 250 mil personas por año nacen en Estados Unidos de padres cuya residencia en el país no es ni regular ni permanente. 

Información. Reporte Índigo.