La violencia que se desató en el municipio de La Concordia, Chiapas, durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas alcanzó una dimensión mucho más profunda de la que originalmente difundieron las autoridades, de acuerdo con las investigaciones independientes realizadas por organizaciones civiles locales.

En este municipio ocurrió una de las peores masacres registradas durante la administración estatal. A mediados de 2024, fueron localizados 19 cuerpos en un mismo sitio, un hecho que las autoridades atribuyeron a un enfrentamiento entre grupos criminales rivales.

El hallazgo evidenció el acelerado avance de la delincuencia organizada en territorio chiapaneco bajo el mandato de Escandón Cadenas, así como la disputa entre organizaciones delictivas por imponer su control sobre amplias regiones de la entidad.

No obstante, un informe publicado recientemente por organizaciones civiles locales de Chiapas revela que en diciembre de 2024, tan solo unas semanas después de que concluyera oficialmente la gubernatura de Escandón Cadenas, en el mismo municipio de La Concordia, las autoridades descubrieron múltiples fosas clandestinas de las cuales exhumaron una cantidad de cuerpos aún mayor que la encontrada en aquel suceso de extrema violencia en esa demarcación.

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El informe titulado “Chiapas, la paz pendiente”, publicado en mayo de 2026, y elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, donde participan asociaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el Movimiento Sueco por la Reconciliación, los Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), así como Movilidades Libres y Elegidas-Colibres, contiene estos hallazgos sobre la violencia que se estuvo registrando en La Concordia:

“Hacia finales del 2024 e inicios del 2025, la FGE informó sobre la localización de 25 fosas  clandestinas en el municipio de La Concordia y otros municipios no fronterizos de Chiapas,  donde fueron encontrados 31 cuerpos. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo Región Frontera, solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, datos respecto al número de fosas clandestinas halladas en Chiapas, entre diciembre 2024 y noviembre de 2025…”.

Y complementa que solo en el municipio de La Concordia fueron localizados restos de al menos 28 personas. Sin embargo, respecto al proceso de identificación forense de los cuerpos hallados no hay información pública. Estos hallazgos evidencian la discrepancia entre las cifras ‘oficiales’ de la FGE que son publicadas y las que son informadas mediante la Dirección General de Servicios  Periciales de la misma institución.

«El informe señala que lo anterior “confirma la magnitud de la crisis que organizaciones de la sociedad civil han denunciado reiteradamente: se observa un patrón sistemático de violencia, falta de coordinación y ocultamiento de información”.

Esos 28 cadáveres fueron exhumados de seis fosas clandestinas distintas que fueron descubiertas en el municipio de La Concordia, entre el 28 y el 30 de diciembre de 2024, solo unas semanas después de que finalizara el sexenio de Escandón.

Impacto nacional y en Guatemala

La matanza ocurrida en La Concordia mereció un posicionamiento del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque la violencia en esa demarcación ya venía causando con anterioridad externalidades perniciosas entre su población, por ejemplo, el desplazamiento forzado de sus habitantes intentando asentarse así en zonas del estado donde pudieran salvaguardar sus vidas.

El 2 de julio de 2024, consultado al respecto de este hecho de extrema violencia que ocurría en la gestión de Escandón Cadenas, López Obrador expresaría: “Pues fue un enfrentamiento lamentable, en el estado de Chiapas, en la zona fronteriza con Guatemala. Hay dos grupos que están enfrentados, ya lleva tiempo esto. Y ayer se informó y se va a seguir dando, entregando información, y se está protegiendo a la población de la región. (…) ¿Qué motiva esto? El tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes, o sea, el tráfico de personas. Es una ruta. Lamentablemente, en estos asesinatos hay personas de Guatemala, o sea, son mexicanos y guatemaltecos, hermanos guatemaltecos”.

Complicidad de autoridades y disputa territorial afectaron a pobladores

Los desplazamientos forzados en La Concordia y otros municipios de la región ya habían sido denunciados desde comienzos de ese año por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el cual emitiría un comunicado el 23 de enero de 2024 para alertar sobre las afectaciones severas que estaba sufriendo la población ante la incapacidad de las autoridades locales para garantizar su protección.

La organización dio a conocer que durante las primeras semanas de enero de 2024, la escalada de violencia en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas se intensificó considerablemente, dando paso a una crisis humanitaria.

De acuerdo con la documentación realizada, al menos 2 mil 300 personas originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia se vieron obligadas a abandonar sus hogares por causas de desplazamiento forzado. Esta situación ocurre en medio de la disputa territorial que mantienen grupos de la delincuencia organizada por el control de distintas zonas del estado.

El informe citado agrega: “Las redes criminales en la RSF de Chiapas operan en un territorio marcado por la complicidad institucional, la disputa por rutas estratégicas y la presencia de economías ilegales que se entrelazan con actividades cotidianas. Estas redes no funcionan  como estructuras autónomas, sino como entramados flexibles que combinan grupos armados, intermediarios locales, actores políticos y circuitos económicos transfronterizos. Su capacidad  de control territorial  se expresa en extorsiones, desplazamientos, reclutamiento forzado y la imposición de normas paralelas que afectan la vida comunitaria”.

La presencia de grupos delictivos en la Región Sierra Norte de Chiapas

La llamada Región Sierra Frontera, donde se encuentra enclavado el municipio de La Concordia, fue heredada por el Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas con una fuerte presencia de la delincuencia organizada, por lo cual las poblaciones que habitan ese territorio del estado de Chiapas continúan padeciendo las actividades ilícitas que despliegan los grupos criminales.

El informe “Chiapas, la paz pendiente” señala que los testimonios recopilados directamente en las comunidades evidencian la permanencia de distintas formas de violencia cotidiana, entre ellas las extorsiones, el cobro de cuotas, los reclutamientos forzados, las limitaciones a la libre circulación y las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares.

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Como consecuencia, la región enfrenta un profundo deterioro de su tejido social, reflejado en la afectación de la economía local, cambios en los patrones de movilidad de la población y una creciente pérdida de la confianza y la cohesión comunitaria.

Ante la problemática de desapariciones que persiste en la región y, por consiguiente, en La Concordia, donde se ha corroborado la presencia del Cártel de Chiapas y Guatemala, que conforman delincuentes mexicanos y guatemaltecos, las asociaciones civiles detrás del informe exponen recomendaciones puntuales para ser implementadas por las autoridades, buscando así la reducción de estas dinámicas criminales:

“En materia de desaparición de personas, resulta prioritario generar condiciones seguras para la denuncia y la búsqueda, fortalecer las capacidades de investigación y coordinación entre instituciones, garantizar la protección de las familias y avanzar en la identificación de restos humanos localizados en la región. Asimismo, es indispensable adoptar enfoques diferenciados que respondan a las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas desplazadas y personas en movilidad”.

Balaceras se volvieron cotidianas

Unos meses antes de que fueran encontrados los cadáveres de la matanza que cimbró a Chiapas a mediados de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, aún en el sexenio que compartieron el presidente, López Obrador, y el gobernador, Escandón Cadenas, reportaría ya hechos de extrema violencia en el municipio de La Concordia, nuevamente vinculados con el crimen organizado que había florecido en ese periodo gubernamental:

“En la madrugada del domingo 31 de marzo se reportó un primer enfrentamiento entre grupos de civiles armados en el ejido Nuevo Paraíso de ese municipio (La Concordia). Al lugar acudieron elementos de la policía estatal, Guardia Nacional y Ejército. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del estado de Chiapas, en un domicilio del lugar fueron localizadas 5 personas del sexo masculino sin vida, con impactos de arma de fuego, así como 6 motocicletas y 15 vehículos calcinados. Se aseguraron 4 vehículos, uno con blindaje artesanal”.

Así lo expuso el 3 de abril de 2024 dicha Secretaría y agregó que en un segundo evento, en la zona conocida como Chalán de Zaragoza, también municipio de La Concordia, personal de Guardia Nacional fue agredido por un grupo de civiles armados. En el lugar, resultaron cinco hombres sin vida, con impactos de arma de fuego.

Como consecuencia de estos hechos, 13 personas, todas de origen guatemalteco, fueron detenidas. Asimismo, se les aseguraron 22 armas largas (21 Fusiles AK-47 y un fusil HK G-3), 149 cargadores, 13 chalecos tácticos y dos vehículos. 

Huir, la única opción para miles de chiapanecos 

En el último año del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, la entidad se consolidó como el principal foco rojo del desplazamiento interno por violencia en México, una crisis humanitaria que durante años permaneció invisibilizada y que terminó por exhibir el deterioro de la seguridad pública en el estado.

Comunidades enteras abandonaron sus viviendas de manera repentina en municipios como Tila, Chenalhó y Pantelhó, zonas estratégicas para las redes de tráfico ilegal de drogas y de personas que operan en la frontera sur del país.

La disputa por el control territorial entre grupos criminales transformó la vida cotidiana de miles de habitantes, particularmente de integrantes de pueblos originarios que, además de enfrentar condiciones históricas de marginación, tuvieron que dejar atrás sus hogares, tierras de cultivo, animales y redes comunitarias de subsistencia.

El Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2025, elaborado por el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), documenta que la criminalidad provocó casi 26 mil desplazamientos forzados en México durante 2024, más del doble de los registrados un año antes.

Se van a escondidas

El organismo internacional advierte que el desplazamiento interno en el país suele desarrollarse en la clandestinidad. Muchas de las personas afectadas no llegan a refugios oficiales, sino que encuentran refugio temporal con familiares, en asentamientos improvisados o incluso en espacios públicos.

El fenómeno, señala el informe, ha sido históricamente ignorado por las autoridades, lo que ha contribuido a profundizar la desintegración social y la incertidumbre sobre el regreso de miles de familias a sus comunidades.

La crisis adquirió una dimensión aún mayor en Chiapas debido a su ubicación geográfica. Su cercanía con Centroamérica y su papel como corredor estratégico para actividades ilícitas han incrementado la presencia de grupos armados que disputan el control del territorio.

Chiapas concentró el 61.8 por ciento de todos los casos de desplazamiento registrados a nivel nacional, muy por encima de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

Las personas desplazadas no solo pierden un espacio físico; también ven fracturados sus vínculos sociales, sus medios de subsistencia y la posibilidad de construir un proyecto de vida en condiciones de seguridad.

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos establecen que este fenómeno ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares sin cruzar una frontera internacional para protegerse de conflictos armados, violencia generalizada o violaciones a los derechos humanos.

En el caso de Chiapas, la entidad heredó una crisis que convirtió el miedo en una forma cotidiana de supervivencia y que dejó a miles de personas atrapadas entre la violencia criminal y la ausencia del Estado.

Información. Reporte Índigo.