Ante la inminente dictaminación de las iniciativas que buscan la despenalización del aborto en Guanajuato, la diputada María Eugenia García Oliveros señaló que el Congreso local está obligado a garantizar la seguridad por las posibles protestas de colectivas feministas y grupos ultraconservadores.

En entrevista, la diputada de Morena lamentó que se haya pospuesto el proceso legislativo aunque quedan unos cuantos días para que venza el plazo impuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso local elimine del Código Penal los artículos que criminalizan a las mujeres que abortan.

García Oliveros consideró que convocar a mesas de trabajo solo va a generar un escenario de confrontación entre colectivas feministas y los grupos conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por eso fue que ella desde la presidencia de la comisión de justicia decidió eliminar las mesas el año pasado.

A decir de la diputada de Morena, sus compañeros de partido: Abraham Ramos como nuevo presidente de la comisión de Justicia, y Ricardo Ferro, desde la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, tienen la obligación de buscar los acuerdos en estos días y hasta convocar a un periodo extraordinario si no alcanza a salir antes de que termine el mes de junio.

García Oliveros reconoció que el clima político que se vive en Guanajuato es complejo y podría el Congreso no cumplir con la reforma antes de que venza el plazo de la Suprema Corte de Justicia.

Si el Congreso no cumple con la reforma, desde la Corte tendrá que seguir con el proceso para la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos que criminalizan a las mujeres por abortar, que podría llevarse más tiempo, aunque actualmente ninguna mujer puede ser procesada por abortar, porque existen antecedentes de la Suprema Corte que invalidan las normas que sancionan la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Información. Carmen Pizano.

Foto. BBC.