La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que no hay ninguna persona detenida tras el hallazgo de 59 artefactos explosivos en uno de los camiones que trasladaba a integrantes de la caravana de Ayotzinapa. Las autoridades decomisaron el material y bloquearon el avance de los vehículos hacia la Ciudad de México, sin proceder a ningún arresto.

A raíz de los hechos, la mandataria reconoció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que aún no tiene certeza sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación por el caso.

“No hay detenidos, se les quitó los artefactos que traían y no se les permitió seguir avanzando hacia la ciudad”, destacó ante la prensa.

El operativo en la caseta de Tlalpan

La tarde del lunes 8 de junio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México retuvieron la caravana de autobuses en la caseta de Tlalpan. El operativo se aplicó sobre vehículos de pasajeros que circulaban por la autopista México-Cuernavaca.

Personal especializado del agrupamiento Zorros intervino para asegurar los artefactos de fabricación artesanal, los cuales quedaron bajo resguardo de especialistas para las diligencias correspondientes.

Sin embargo, pese al hallazgo, las autoridades no reportaron arrestos ni identificaron a algún responsable directo de los explosivos, un detalle que llamó la atención debido a que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula de manera estricta la fabricación, posesión, almacenamiento y transporte de este tipo de materiales.

Por qué no hubo detenidos

La ausencia de arrestos tiene una explicación jurídica concreta. En términos legales, el decomiso de objetos ilícitos y la detención de personas son procedimientos distintos que exigen elementos diferentes para ejecutarse.

Las autoridades pueden confiscar de forma inmediata materiales peligrosos para proteger a la población. Una detención, en cambio, exige indicios que permitan atribuir la posesión o control del objeto a una persona específica.

La Constitución establece que alguien puede ser detenido en flagrancia cuando es sorprendido cometiendo un delito o inmediatamente después. La presencia de material ilícito dentro de un vehículo colectivo no permite atribuir automáticamente la responsabilidad penal a todos sus ocupantes.

Cuando el objeto prohibido aparece en una unidad con múltiples pasajeros y equipaje compartido, identificar al responsable requiere actos de investigación adicionales. Ese es el límite jurídico que explica por qué el hallazgo no derivó en arrestos inmediatos.

La versión de Tlachinollan

El abogado Isidoro Vicario Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, rechazó ante medios locales que los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa hayan transportado ese material. Según él, la consigna del movimiento es llevar a cabo movilizaciones pacíficas.

“Los padres y las madres que venían en autobús dicen que ahí no venían esos artefactos, que no los vieron”, declaró Vicario Aguilar. El abogado consideró que el señalamiento sobre los explosivos es “una forma de justificar para impedir la entrada de los padres y de los estudiantes a la Ciudad de México”.

Tlachinollan también señaló que detrás del operativo estaría la intención de deslegitimar la lucha de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Vicario Aguilar advirtió que el gobierno busca “cualquier pretexto como para tratar de desviar la atención”, en una semana en que además inicia el Mundial de fútbol.

La demanda central: el regreso del GIEI

La “Jornada intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa” tenía como objetivo principal una reunión interinstitucional programada para el 12 de junio. Los familiares buscan que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco, junto con la titular de la FGR Ernestina Godoy, establezcan un mecanismo para el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El movimiento de los 43 lo que quiere es saber la verdad y saber el paradero de los 43 estudiantes, pero no podemos saber eso porque las investigaciones no avanzan, porque el Estado mexicano no quiere regresar al GIEI”, afirmó Vicario Aguilar. El abogado denunció además que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiga activamente en contra de una sentencia de un juez de Distrito que le ordena entregar folios con posible información sobre el paradero de los jóvenes.

A tres meses de cumplirse 12 años

El abogado Vicario Aguilar alertó que en septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los normalistas sin que el caso tenga resolución. La presidenta Sheinbaum ha argumentado en sus reuniones con los familiares que ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han respondido favorablemente para el retorno del GIEI.

El abogado de Tlachinollan no acepta ese argumento. “Si hubiera voluntad se pudiera buscar algún mecanismo, pero el problema es que no quieren que regrese el GIEI, porque tampoco quieren entregar los folios de la Sedena”, puntualizó.

Información. Infaboe.