La desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez volvió a colocar a Veracruz en el centro de la discusión sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo en México. La directora del portal Pulso Informativo del Sureste fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en su domicilio de Nanchital, en el sur del estado, cuando un grupo de hombres armados irrumpió por la fuerza en la vivienda.

El ataque quedó parcialmente registrado en video y mostró a los agresores derribando la puerta antes de ingresar al inmueble. A más de una semana de los hechos, las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan las labores de búsqueda.

El caso generó una reacción inmediata de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, que solicitaron a las autoridades considerar su actividad periodística como una posible línea de investigación. La propia presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la prioridad era localizar a la comunicadora, mientras la Fiscalía de Veracruz informó sobre operativos en municipios del sur de la entidad y el análisis de grabaciones y comunicaciones relacionadas con el caso.

La desaparición de Guzmán no ocurrió en un contexto aislado. Apenas cinco meses antes, el periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado en Poza Rica. El comunicador, dedicado a la cobertura policiaca y de seguridad, había denunciado amenazas previas y contaba con antecedentes de agresiones. Su homicidio provocó condenas de organismos de protección a periodistas y abrió nuevamente el debate sobre las condiciones en las que trabajan los reporteros locales en Veracruz.

El caso tuvo además una derivación que aumentó la preocupación en la región. Días después del asesinato de Ramírez Castro fueron reportadas como desaparecidas su pareja, Wendy Arantxa Portilla, y una amiga de ella, Karime Monserrat Murrieta, quienes habían asistido al funeral del periodista. Las autoridades emitieron fichas de búsqueda y abrieron investigaciones para determinar su paradero.

Otro expediente reciente es el de Miguel Ángel Amaya Castillo, director del portal Pánuco Online. El periodista fue reportado como desaparecido en abril de 2025 en el norte de Veracruz. Su nombre forma parte de los registros de comunicadores desaparecidos documentados por organizaciones especializadas en libertad de expresión y su caso continúa siendo mencionado por colectivos de periodistas al hablar de los riesgos que enfrenta el gremio en la entidad.

Sin embargo, la historia de violencia contra la prensa en Veracruz se remonta varios años atrás. Entre los casos más emblemáticos figura el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en Xalapa en 2012, un crimen que se convirtió en referencia obligada en la discusión nacional sobre la protección a periodistas.

Casos documentados durante la última década

También destaca el secuestro y asesinato de Moisés Sánchez Cerezo en Medellín de Bravo, ocurrido en 2015, así como el asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, quien fue sacada de su domicilio en Orizaba y localizada sin vida un día después.

A esos nombres se suman los de Miguel Ángel López Velasco, conocido como “Milo Vela”, asesinado junto con integrantes de su familia en 2011; Yolanda Ordaz de la Cruz, Gregorio Jiménez de la Cruz, Víctor Manuel Báez Chino y otros comunicadores cuyos casos fueron documentados durante la última década en distintos municipios veracruzanos.

Veracruz encabeza los registros históricos de periodistas asesinados

Las cifras reflejan la dimensión del problema. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han señalado que Veracruz encabeza los registros históricos de periodistas asesinados en México. De acuerdo con datos citados por estos organismos, al menos 32 comunicadores han sido asesinados en la entidad desde el año 2000, una cifra superior a la de cualquier otro estado del país.

La desaparición de Roxana Guzmán se incorporó así a una larga lista de agresiones que han marcado la historia reciente del periodismo veracruzano. Mientras continúan las investigaciones para localizarla, su caso volvió a poner atención sobre una entidad que desde hace más de dos décadas aparece de manera recurrente en los registros nacionales e internacionales de violencia contra la prensa.

Información. Infaboe.