A pesar de que existe un ordenamiento judicial para que obliga al gobierno de Libia García a garantizar el pago de pensiones a personas discapacitadas entre los 30 y 64 años de edad, la administración estatal ha aplazado el cumplimiento del amparo que obtuvieron cuatro personas pero que se extiende a las 92 mil personas con alguna discapacidad que viven en Guanajuato en ese rango de edad.

En conferencia de prensa, integrantes de la bancada de Morena en compañía de Miguel Ángel Morales, uno de los promotores del amparo, expusieron que está por vencer la última prórroga de 15 días que otorgó un juez federal al gobierno del estado para cumplir con el amparo y otorgar la pensión a las personas con discapacidad, aunque siguen con estrategias legales para postergar las ayudas.

En la última comunicación que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos con el Congreso del Estado, argumentó que no se ha puesto en marcha el programa de pensiones porque van a diseñar un modelo para la entrega, diferente al del Gobierno Federal, al considerar que no funciona.

Miguel Ángel Morales hizo un llamado a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que cumpla no solo con el ordenamiento judicial, sino con el convenio que firmó el exgobernador, Diego Sinhue Rodríguez, en el que el gobierno del estado se comprometió a entregar la pensión a personas con discapacidad mayores de 30 años y de menos de 64 años.

La pensión a la que tienen derecho las 92 mil personas guanajuatenses que, de acuerdo con el INEGI, viven con alguna discapacidad es de 3 mil 300 pesos bimestrales; es decir, recibirían al año 19 mil 800 pesos que servirían para sus tratamientos o en apoyo a su familia por los cuidados que implica vivir con discapacidad.

Para el Gobierno del Estado, el cumplir con el amparo y garantizar la pensión implica destinar al año alrededor de 1 mil 800 millones de pesos; el 42 por ciento de lo que se destinó en 2025 para la tarjeta rosa dirigida a más de 600 mil mujeres con apoyos económicos de 6 mil pesos anuales.

Francisco Escamilla, coordinador de asesores de la bancada de Morena, quien además ha dado acompañamiento a las personas que se ampararon, expuso que el reconocimiento al derecho de las personas con discapacidad a recibir una pensión también ayuda a cerrar las brechas de desigualdad.

El Gobierno Federal entrega pensión a las personas con discapacidad de 0 a 29 años de edad, los estados se tendrían que hacer cargo de quienes estén entre los 30 y 64 años, porque a partir de los 65 el Gobierno Federal otorga la de adultos mayores. En México, 24 estados ya pagan la pensión, pero en Guanajuato ni con resoluciones judiciales se ha conseguido que el Gobierno del Estado pague los 3 mil 300 pesos bimestrales.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.