Pese a los avances en materia de seguridad nacional, existen estados que permanecen a la deriva. Morelos se ha mantenido de manera sostenida dentro de las tres entidades federativas con mayor incidencia de violencia, al concentrar el 7.1 por ciento de los casos de homicidio doloso, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva con corte a abril de 2026.

Durante 2025 la entidad mantuvo un promedio de víctimas de homicidio doloso entre 2.7 y el 3.5 por ciento, mientras que durante los primeros cinco meses del presente año esta cifra se mantuvo entre el 2.9 y el 3.7 por ciento.

La situación de seguridad en Morelos se ha consolidado como una de las más complejas del país. De acuerdo con el Índice de Paz México 2026, la entidad se ubicó en el lugar 29 de 32 a nivel nacional.

Dicho informe indica que en 2025 se registró la segunda tasa de homicidios más alta del país. Además, de ser una de las entidades con mayor concentración de violencia extrema a nivel local, con al menos tres de cada 10 municipios con tasas de homicidio superiores a 50 muertes por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el municipio de Cuautla destaca como el de mayor incidencia, al situarse en la posición número 10 a nivel nacional entre las ciudades con una tasa de 67.4 homicidios por cada 100 mil personas.

Esta prevalencia de tasas extremas ha convertido a Morelos como el cuarto estado menos pacífico del país y que el 90.1 por ciento de su población reporte sentirse insegura.

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Morelos bajo presión: crimen organizado, corrupción y violencia

El Índice de Paz México 2026 señala que desde 2015, el impacto económico de la violencia en la entidad ha aumentado un 54.8 por ciento, lo que refleja uno de los deterioros más significativos en la última década.

A esto se suman la detención de seis exfuncionarios públicos del estado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y una serie de señalamientos para la administración de Margarita González Saravia, así como del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy dio a conocer el pasado 20 de mayo que tras indagatorias encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)  pudo identificar la presencia del crimen organizado en diferentes municipios de Morelos.

Godoy señaló que las personas detenidas estarían vinculadas a un grupo delictivo que se habría infiltrado en la estructura municipal mediante el financiamiento de campañas electorales de candidatos que después ganaron los comicios.

Entre los detenidos destacan el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y el exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez, junto con otros cuatro funcionarios, Horacio “N”, secretario municipal en Cuautla; Pablo Adrián “N”, oficial Mayor de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero del municipio de Cuautla y Arisbel Rubí “N”, excandidata a la misma alcaldía.

Cuautla y la presunta infiltración del Cártel de Sinaloa en Morelos

En este panorama, Jesús Corona Damián, actual presidente de Cuautla, logró suspender de manera provisional la orden de captura en su contra mediante un amparo, después de que el pasado 20 de mayo fuera considerado prófugo de la justicia tras el operativo Enjambre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que las investigaciones se realizan contra 32 personas. De todas, se solicitó el congelamiento de cuentas.

Además reconoció la investigación contra el expresidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava. Este último ha sido señalado como operador político durante la campaña electoral de la actual gobernadora. Ahora el político se encuentra en calidad de testigo para la FEMDO.

Dentro de sus primeras declaraciones ante la FGR, Toledo afirmó que el presunto líder del Cártel de Sinaloa en la entidad, Júpider Araujo, lo amenazó de mandarle un mensaje a la gobernadora por su tan allegada cercanía.

El exalcalde testificó que se le ordenó entregar un ultimátum en el que el grupo criminal exigía el libre paso de drogas, el control presupuestal de ciertos recursos y el nombramiento de miembros de la organización en puestos clave a cambio de «pacificar el Estado». De acuerdo con su testimonio, el presunto capo advirtió que la gobernadora no debía retener fondos municipales.

Por su parte, Margarita González Saravia negó haber recibido amenazas o presiones de cualquier organización delictiva. El Gobierno del estado emitió un comunicado oficial en el que aseguró que la mandataria nunca ha recibido amenazas ni ha tenido comunicaciones orientadas a pactar con grupos criminales.

Otro pendiente del actual gobierno es el combate a la impunidad y la rendición de cuentas de la administración anterior, encabezada por Cuauhtémoc Blanco. A inicios de 2025, González Saravia anunció que su gobierno presentaría denuncias penales por irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción.

No obstante, no existen avances significativos en dichas denuncias, al contrario han aumentado con nuevos señalamientos que la vinculan con procesos de corrupción y colusión con miembros del crimen organizado.

Información. Reporte Índigo.