Durante años, Venus fue una testigo clave para la entonces PGR en investigaciones contra algunos de los principales líderes de “Los Zetas”, como Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”; Omar Treviño Morales, “El Z-43”; y Heriberto Lazcano, “El Lazca”, figuras clave en la expansión y operación de una de las organizaciones criminales más violentas del país. Pero su colaboración con la justicia terminó por convertirla en una víctima más de la violencia y el abandono institucional.

Su historia evidencia cómo la lucha contra el crimen organizado también deja víctimas dentro de las propias estructuras de justicia, especialmente entre quienes deciden testificar contra redes criminales y funcionarios presuntamente coludidos.

“Hay torturas que te dejan marcas en la piel y hay otras que te dejan marcas en el alma; a mí me tocaron las dos”, relata Venus.

La mujer adoptó ese seudónimo cuando ingresó, en 2010, al Programa de Protección de Testigos.

Tenía 22 años cuando comenzó a trabajar en un despacho jurídico especializado, en su mayoría, en asuntos penales. Ahí empezó a notar que la relación entre clientes y abogados iba más allá de la representación legal. Con el tiempo, sus tareas incluyeron pagos, sobornos y favores para integrantes del crimen organizado. Sin darse cuenta, asegura, terminó atrapada en una red criminal.

“En 2008 el abogado con el que trabajaba me invita a una reunión. En esa reunión empiezo a ver que llegan policías, tanto municipales, estatales, ministeriales; llegaban a cobrar lo que era la ‘nómina’. Me empiezo a percatar de que había gente armada, que no nada más eran funcionarios públicos, eran miembros de la organización. 

«Para esto, él me presenta con dos personas que eran Lucio Hernández Lechuga, el ‘Z-16’, y a Alonso Salinas, alias ‘El Comandante Teclas’ (…) saliendo, hablé con el abogado y me dijo que pues ya, de esto, ya no podíamos salir”, cuenta.

Lucio Hernández Lechuga, alias “El Lucky”, fue identificado como líder del grupo criminal “Los Zetas” en Veracruz, Puebla y Oaxaca. En diciembre de 2011 fue detenido tras ser buscado por la DEA, agencia que ofrecía un millón de dólares por información que condujera a su captura. Sin embargo, su traslado a Estados Unidos se concretó hasta febrero de 2025, cuando formó parte de un proceso de entrega junto con otros 29 integrantes del crimen organizado.

El 9 de junio de 2010, Venus fue secuestrada durante tres días. En ese periodo, fue víctima de violación y tortura. La mujer señala como responsables a autoridades de la entonces Procuraduría de Hidalgo, hechos que —afirma— ocurrieron días después de haber filtrado información a un medio de comunicación sobre la presunta colusión entre funcionarios públicos y miembros de “Los Zetas”.

Cuando fue liberada, asegura que sólo le dieron dos opciones: ser trasladada a un centro penitenciario o aceptar convertirse en testigo colaboradora de la FGR. Eligió la segunda.

Para Venus el primer movimiento fue trasladarla a un departamento de seguridad, ahí permaneció poco tiempo, pues señala que debido a que en su declaración inicial hizo mención de nombres de funcionarios públicos, fue trasladada a otra casa donde convivió con siete testigos más, ahí permaneció dos años custodiada por elementos de la Marina y agentes de la en ese entonces Agencia Federal de Investigación.

Estuvo en diferentes casas de seguridad

La mujer aceptó colaborar después de que se le prometiera seguridad para ella y su familia, ahí comenzó una nueva vida. A finales de 2011, fue trasladada a otra casa de seguridad en Jardines de la Montaña, donde estuvo seis meses. En noviembre de 2012, solicitó ser puesta en libertad ya que estaba embarazada y ya había perdido un hijo previamente. debido a las condiciones de seguridad de esas casas.

A pesar de su solicitud, continuó en el programa de protección colaborando entre 2012 y 2015, declaró contra figuras como Miguel Treviño Morales, alias “Z-40”; Omar Treviño Morales y sobre la muerte de Heriberto Lazcano, alias «El Lazca» o «Z-3», quien fue el principal líder y fundador del cártel de «Los Zetas».

Para 2015, Venus perdió a un amigo, “Karen”, el testigo colaborador con el que entabló una amistad que sobrepasaba las paredes de las casas de seguridad. “Karen” fue asesinado un 29 de mayo, en un ataque directo en la zona de Plazas Outlet en el municipio de Lerma, Estado de México.

El testigo clave para la entonces PGR fue acribillado junto con otras dos personas. “Karen” era identificado como un desertor del Ejército y quien formó parte de “Los Zetas”. Uno de los involucrados, José Israel Bravo Méndez, fue detenido y confesó que el crimen se perpetró en represalia por las declaraciones y la información que el testigo clave había proporcionado durante una década en contra de esa organización criminal.

Este evento marcó el inicio de su desprotección, pues cinco días después, Venus fue retirada del programa de Protección para Testigos.

Padeció la desprotección y miedo de morir

Venus buscó apoyo en abogados y en diversas instituciones como la CNDH y la Defensoría Pública Federal, pero no encontró el respaldo necesario. El único abogado que la apoyó fue José Horacio García Vallejo, quien le enseñó a defenderse a sí misma.

La situación se agravó cuando sufrió una intrusión en su departamento por parte de personas armadas, quienes la amenazaron y robaron su documentación, lo que evidenció nuevamente la extrema vulnerabilidad a la que estaba expuesta.

Años después Venus perdería nuevamente a otro de sus allegados, el abogado Horacio García Vallejo fue acribillado en diciembre de 2018 en Coyoacán, en la Ciudad de México.

“Miedo, impotencia. El miedo de que me podía ir a un Cefereso y no saber nada de mi familia (…) Tenía miedo de todo”, relata Venus.

Existe una ley de protección que no se cumple

Venus logró obtener medidas de protección por sus propios medios, pese a haber sido excluida del programa de testigos colaboradores. Actualmente cuenta con acompañamiento de agentes de la Policía Federal Ministerial.

La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal fue expedida por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa el 5 de junio de 2012 y publicada en el Diario Oficial de la Federación tres días después. Esta legislación estableció el marco jurídico del Programa Federal de Protección a Personas que participan en procesos penales, con el objetivo de garantizar la seguridad de víctimas, testigos y colaboradores que enfrenten amenazas derivadas de su participación en investigaciones o juicios.

La norma también contempló la creación de un Centro Federal encargado de administrar, de manera gratuita y confidencial, las medidas de asistencia y protección. Actualmente, esta unidad funciona como un órgano auxiliar de la Fiscalía General de la República (FGR) y tiene la responsabilidad de aplicar mecanismos de protección para testigos y otros sujetos procesales.

Entre las medidas previstas por la ley se encuentran la atención médica y psicológica, mediante servicios de salud pública; así como asesoría jurídica gratuita para que las personas protegidas conozcan y ejerzan sus derechos.

Asimismo, se estableció un esquema de apoyo económico destinado a cubrir necesidades básicas como alojamiento, transporte, alimentación, comunicación, mudanza y reinserción laboral, en casos donde la persona protegida no pueda solventarlas por sus propios medios.

En materia de seguridad, la legislación contempla acciones orientadas a preservar la vida, la libertad y la integridad física de las personas protegidas, así como salvaguardar su estabilidad psicológica, patrimonial y familiar. Entre estas medidas se incluyen vigilancia y custodia policial en domicilios, escoltas personales, traslados de seguridad y, en caso necesario, la reubicación o cambio de residencia, empleo o centro de estudios.

La ley también prevé la reserva de identidad, que implica la omisión de nombres y datos personales en registros oficiales y actuaciones judiciales, además de mecanismos de ocultamiento e incluso la posibilidad de otorgar una nueva identidad.

Sin embargo, para Venus —y para otros testigos colaboradores que perdieron la vida durante el proceso— las medidas contempladas en la ley han resultado insuficientes.

“Como tal no existe nada de lo que está plasmado en esa ley, nada, quedas en completo abandono y desamparo (…) Pues que la ley se cumpla como tal, que de verdad existiera una protección, que de verdad existiera un apoyo, no lo hay. Mientras le sirves, te van a proteger. Cuando ya no le sirvas no va a haber nada”, relata Venus.

Continúa la lucha para recuperar a sus hijos

Después de sobrevivir a secuestros, tortura y amenazas por colaborar con las autoridades en investigaciones contra “Los Zetas”, Venus enfrenta ahora una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la separación de sus hijos. En 2025, un juez le negó la convivencia y la guardia y custodia de los menores debido a su antecedente como testigo protegido.

La mujer asegura que el padre de sus hijos hizo públicos datos confidenciales relacionados con declaraciones que ella rindió en un juzgado en contra de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”. Esa información, sostiene, fue utilizada en el proceso judicial que terminó por retirarle toda comunicación con los menores.

“Perder a mis hijos cambió completamente mi vida. Después vino otra realidad, vivir bajo medidas de protección, lejos de todo lo que conocía (…) la tortura de tener que callarte el nombre de tus hijos porque decirlo en voz alta es un lujo que me quitaron”, relata.

Para Venus existe un antes y un después de haber aceptado trabajar en aquel despacho jurídico que la introdujo, sin darse cuenta, a una red criminal. Esa decisión, afirma, transformó por completo su vida. Aun así, asegura que no se siente cómoda viviendo desde el arrepentimiento y reflexiona que “a lo mejor era lo que me tocaba vivir”.

“He tratado de cuidarme lo más que he podido, pero llega un momento en el que uno se cansa de quedarse callado, de quedarse pensando en que las cosas pudieron haber sido diferentes si la procuraduría hubiese actuado como prometieron”, cuenta.

Venus asegura que continúa viviendo con miedo, sin una red de apoyo sólida, marcada por la ausencia de sus hijos y por el recuerdo de las personas cercanas que fueron asesinadas durante el proceso.

Pese a ello, no pierde la esperanza de volver a convivir con sus hijos y afirma que seguirá luchando. “Si me matan, me matarán peleando”, dice.

Actualmente se dedica a la abogacía y busca ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. En sus tiempos libres escribe como una forma de sanar las secuelas que dejaron las torturas y los años de violencia que vivió.

“Ser testigo protegido no borra el dolor ni devuelve lo que perdí, pero sí me recordó que mi historia también puede servir para visibilizar algo que muchas personas viven en silencio. Hoy hablo desde ese lugar, desde la memoria, la dignidad y la necesidad de que estas historias no se repitan”, concluye Venus.

Información. Reporte Índigo.