Cinco días de ataques con drones bastaron para vaciar comunidades enteras en la montaña baja de Guerrero. Más de 800 personas huyeron de sus hogares en el municipio de Chilapa tras una ofensiva atribuida al grupo criminal “Los Ardillos”, mientras pobladores denunciaron la ausencia total de autoridades frente a la violencia.

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) informó el pasado 10 de mayo que los ataques obligaron al desplazamiento masivo de habitantes de las comunidades de Xicotlán, Tula y Ahuacatlán. El líder de la organización, Jesús Plácido Valerio, denunció que las agresiones fueron dirigidas por integrantes de “Los Ardillos”, sin que existiera una intervención efectiva de fuerzas de seguridad.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló que los hechos recientes provocaron el desplazamiento forzado de al menos mil 200 personas, que se suman a otros desplazamientos previos, para alcanzar un total de 2 mil 200 personas desplazadas en la región.

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Las comunidades indígenas afectadas se declararon en rebeldía desde 2015 para enfrentar el avance del crimen organizado que busca controlar el territorio. Como respuesta, formaron policías comunitarias para defender sus pueblos ante la violencia creciente.

Janette Carrillo, coordinadora del proyecto de monitoreo de desplazamiento interno del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, advirtió que el uso de explosivos, drones y minas antipersona se ha convertido en uno de los principales detonantes del desplazamiento forzado en México.

Carrillo precisó que, hasta ahora, al menos 15 mil 795 personas han sido desplazadas internamente en México a causa de los distintos episodios de violencia registrados en 2025.

Añadió que pese a las dificultades para obtener datos desagregados sobre las poblaciones más vulnerables, se ha podido identificar que comunidades indígenas tienen una sobrerrepresentación entre los desplazados. Este patrón se observa en estados como Chihuahua, Chiapas y Guerrero, que históricamente han sido los más afectados por el desplazamiento en el país.

Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento en zonas urbanas como es el caso de Culiacán, lo que indica que el fenómeno ya no se limita a áreas rurales, sino que se está extendiendo a localidades urbanas.

Crimen organizado, el principal causante

El informe Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025 documenta que este fenómeno se ha registrado en al menos 11 entidades del país. Michoacán, Sinaloa y Chihuahua concentran el 89 por ciento de los 73 eventos de desplazamiento identificados durante este año.

El informe identifica que el 83 por ciento de los eventos de desplazamiento fueron causados por violencia vinculada con crimen organizado, que ha aumentado el uso de explosivos, drones y presencia de minas antipersona en los territorios lo que impacta en la seguridad, salud, vivienda, medios de vida y la posibilidad de satisfacer necesidades básicas de las comunidades afectadas.

“El uso de explosivos, drones y minas antipersona en los territorios lo vemos en Michoacán, en Sinaloa, en Chihuahua y bueno, ahora justo con la situación de Guerrero, pues también vemos que también el uso de drones se está extendiendo”, declaró, por su parte, Janette Carrillo.

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), 2021 se posicionó como el año con mayor número de desplazamientos internos contabilizando 28 mil 943 personas, para 2024 existió un repunte con 28 mil 900 personas.

Hacen falta leyes contra el desplazamiento

Janette Carrillo señaló que la respuesta de las autoridades sigue siendo escasa pues se suele centrar en la emergencia y en la inmediatez, es decir, una vez que los hechos ya han sucedido, por lo que lo único que se ofrece a los afectados es la apertura de albergues temporales, entrega de despensas y kits de ayuda humanitaria.

“Las familias desplazadas no pueden vivir eternamente en estos albergues, sino que al final se deben de generar soluciones sostenidas (…) sí vemos que todavía falta una respuesta mayor e integral, que justo vea desde la prevención, la atención y la solución duradera”, añadió.

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La especialista enfatizó que ahora resulta indispensable la creación de una Ley General en la materia pues esta sería beneficiosa para articular a todas las autoridades junto con los niveles de gobierno y así poder generar una respuesta integral al desplazamiento forzado.

Añade que dentro de esta ley se debe integrar el registro oficial que activaría las respuestas necesarias, lo que aseguraría  que no solo se quede en el registro, sino que a partir de este, se active la atención de las distintas instancias de las autoridades que tengan que responder.

Carrillo expone que con una legislación en la materia se permitiría la eliminación de barreras para el acceso a servicios como el Registro Nacional de Víctimas, que a menudo se solicita a la persona desplazada que presente una denuncia. El «nombramiento» o reconocimiento adecuado permitiría que las personas desplazadas sean consideradas víctimas y accedan a este registro sin necesidad de una denuncia previa, lo cual es crucial para atender los riesgos asociados al desplazamiento por violencia y que regularmente impiden que las víctimas presenten una queja en su lugar de origen.

Información. Reporte Índigo.