Los hechos violentos continúan acumulándose en Morelos, sin tregua. Apenas el sábado pasado, durante la XII Caminata por la Paz realizada en Cuernavaca, voces como la del obispo de la diócesis local, Ramón Castro Castro, denunciaron que habitantes de algunas comunidades son víctimas de cobro de piso incluso para poder permanecer en sus propias viviendas.

Días después, fuerzas de seguridad detuvieron a Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, así como a Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla, ambos acusados del delito de extorsión. Las detenciones volvieron a colocar sobre la mesa la preocupación por los presuntos vínculos entre autoridades locales y estructuras criminales que operan en la entidad.

A este escenario se suman los señalamientos contra la gobernadora Margarita González Saravia, relacionados con una presunta investigación por parte de autoridades estadounidenses y la supuesta imposición de restricciones migratorias, versiones que han incrementado la tensión política en el estado.

Morelos atraviesa así una etapa marcada por un profundo deterioro en materia de seguridad. La violencia dejó de percibirse como una sucesión de hechos aislados para convertirse en parte de la vida cotidiana de miles de habitantes, en medio de una creciente sensación de vulnerabilidad e incertidumbre.

El avance de delitos como la extorsión refleja además el debilitamiento de las condiciones de gobernabilidad en distintas regiones de la entidad. Comerciantes, transportistas y familias enfrentan cada vez más presiones de grupos delictivos, mientras las denuncias públicas sobre amenazas y cobros ilegales continúan multiplicándose.

De acuerdo con el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante el primer trimestre del año Morelos se ubicó como la entidad con la mayor tasa de extorsión del país, al registrar 7.6 casos por cada 100 mil habitantes, un indicador que refuerza la percepción de un estado atrapado en un hoyo negro de criminalidad.

Pagan para vivir en comunidades de Morelos

El obispo de Cuernavaca señaló durante la reciente protesta en la capital del estado que la violencia y el crimen organizado han trastocado la vida comunitaria en distintas regiones de Morelos, convertidas de manera recurrente en escenario de extorsiones, desapariciones y homicidios.

Fue precisamente durante esta manifestación, en la que ciudadanos morelenses exigieron paz y seguridad, que el religioso reveló que en algunas localidades del estado, como Huautla, municipio de Tlaquiltenango, pobladores son presuntamente obligados a pagar cuotas al crimen organizado para continuar viviendo en sus propios hogares.

“El crimen organizado ha llegado a un grado de crueldad que ya no tiene nombre; cobran cuota, cobran piso simplemente por vivir allí, simplemente por tener una casa. No lo cobran por un negocio o por mercancía, lo cobran por vivir, por tener esa casa, por existir en esa tierra que es suya y que el crimen quiere apropiarse sin más título que la amenaza y el miedo”, aseguró Castro.

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El prelado advirtió que estas y otras situaciones de violencia extrema contra la población han provocado desplazamiento de familias, restricciones en actividades cotidianas y un deterioro progresivo del tejido social en diversas comunidades.

Ramón Castro denunció, además, que la violencia alcanzó incluso al sector religioso, al señalar que algunos sacerdotes se vieron obligados a abandonar comunidades tras recibir amenazas presuntamente vinculadas al crimen organizado, situación que derivó en la suspensión de actividades religiosas en determinadas localidades.

“Mentir sobre la realidad también es una forma de violencia”, sostuvo el obispo al cuestionar la narrativa oficial de las autoridades morelenses en torno a la inseguridad. Según afirmó, nueve de cada 10 habitantes del estado viven con miedo debido al contexto de violencia generalizada.

Violencia política y homicidios al alza

El religioso aseguró también que Morelos se ha colocado entre las entidades más afectadas por la inseguridad, con altos índices de feminicidio y violencia política, además de registrar casos relacionados con homicidio doloso.

Estas declaraciones encuentran respaldo en las cifras oficiales. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, Morelos concentra 6.4 por ciento de los casos de homicidio doloso registrados a nivel nacional, pese a tratarse de una de las entidades más pequeñas del país.

Según datos de Morelos Rinde Cuentas, los homicidios dolosos en Morelos mantuvieron una tendencia al alza durante el arranque de 2026, consolidándose como uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad pública.

En los primeros tres meses del año fueron contabilizados 282 casos, cifra superior a las 256 víctimas registradas durante el mismo periodo de 2025. El incremento, equivalente a 10 por ciento, refleja las dificultades persistentes para contener la violencia letal en la entidad.

Agresiones contra mujeres

La violencia de género mantiene encendidas las alertas en Morelos. Tan solo durante el primer trimestre del año fueron reportados al menos 31 feminicidios, panorama que intensificó las exigencias de justicia y seguridad, particularmente después de los asesinatos de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec; desapareció. Su cuerpo fue encontrado el 5 de marzo en la zona de Coatetelco. Ambas jóvenes tenían 18 años.

Estos crímenes provocaron movilizaciones y pronunciamientos dentro de la comunidad universitaria, donde estudiantes y docentes exigieron mayores medidas de protección y acciones más contundentes frente a la violencia contra las mujeres en el estado.

Detenidos, alcaldes y exfuncionarios

La administración encabezada por Margarita González Saravia ha depositado gran parte de las labores de seguridad pública en la intervención del Gobierno federal.

En marzo pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el estado de Morelos se puso en marcha un nuevo esquema de reforzamiento en la seguridad pública, encabezado por instituciones de seguridad nacionales.

“En Morelos, por instrucciones directas de la presidenta, acaba de iniciar un nuevo despliegue estratégico, consistente en un reforzamiento principalmente por parte de la Guardia Nacional; estamos aumentando de manera significativa la coordinación en materia de investigación entre la Secretaría de Seguridad y la propia Guardia Nacional”, indicó.

Derivado de estas acciones, García Harfuch informó acerca de las detenciones de Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla, como parte de la Operación Enjambre en Morelos.

García Harfuch confirmó la detención de alcaldes, exfuncionarios y servidores públicos de Morelos, señalados por presuntos vínculos con grupos criminales, como parte de la “Operación Enjambre” y de la política federal de Cero Tolerancia a la Corrupción.

El funcionario informó que, tras trabajos de inteligencia y diversas denuncias ciudadanas por extorsión en la región oriente del estado, se realizaron cateos y se cumplimentaron órdenes de aprehensión en Morelos y Querétaro por delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas y delitos contra la salud.

Entre los detenidos se encuentran Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exedil de Yecapixtla; Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de Cuautla; Arisbel Rubi Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, oficial mayor de Cuautla; y Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal.

Asimismo, García Harfuch confirmó que continúa la búsqueda de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, para ejecutar una orden judicial en su contra.

Las autoridades identificaron que varios de los implicados participaron en reuniones con Júpiter Araujo Benard, alias “El Barbas”, identificado como operador regional del Cártel del Pacífico en el oriente de Morelos.

El secretario explicó que las investigaciones comenzaron tras denuncias de comerciantes, transportistas y familias víctimas de amenazas, cobro de piso y presiones por parte de grupos criminales en Cuautla y municipios aledaños.

Indicó que el reforzamiento de la estrategia de seguridad en Morelos, implementado desde abril, permitió ampliar las capacidades de inteligencia y aumentar la presencia federal en la entidad para atender delitos de alto impacto y detener a generadores de violencia.

Como antecedente, recordó que el pasado 6 de mayo fuerzas federales detuvieron en Yautepec a ocho integrantes de la célula delictiva “Los Linos”, entre ellos Rodolfo Adame Sotelo, alias “Don Ramón”, señalado como uno de sus líderes y relacionado con delitos como extorsión, homicidio, robo de vehículos y trasiego de droga.

García Harfuch informó además que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueará cuentas y recursos de 32 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con esta red de corrupción y protección criminal en Morelos.

Señalamientos contra Margarita González Saravia

La gobernadora Margarita González Saravia fue objeto de señalamientos difundidos por un medio de comunicación digital, el cual aseguró que la mandataria estatal enfrenta una presunta investigación por parte de autoridades de Estados Unidos, situación que incluso habría derivado en supuestas restricciones migratorias.

Ante ello, González Saravia rechazó públicamente las versiones y afirmó que se trata de acusaciones “malintencionadas e infundadas”, además de negar cualquier irregularidad relacionada con su situación jurídica o migratoria.

La información fue difundida mediante una columna sin firma, en la que se aseguró que la gobernadora habría recibido un correo electrónico por parte de la embajada estadounidense relacionado con su situación migratoria.

En la misma publicación también se hicieron señalamientos sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña política, además de acusaciones relacionadas con supuestas presiones contra opositores y movilización de votantes durante el proceso electoral.

Horas antes de que la mandataria negara los señalamientos, el Gobierno de Morelos, a través del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, sostuvo que la información difundida en la publicación digital carece de sustento y corresponde a afirmaciones falsas.

“El gobierno del estado de Morelos rechaza categóricamente lo señalado en una nota periodística el día de ayer. Este gobierno, esta administración dirigida por la licenciada Margarita González Saravia, actúa con total apego a la legalidad, a la transparencia y a los valores institucionales.

«Lo vertido ayer carece de cualquier sustento, carece de cualquier veracidad y ni siquiera trae un autor que firme esa información”, declaró el funcionario.

Edgar Maldonado aseguró además que la titular del Ejecutivo estatal mantiene plenamente vigentes sus documentos oficiales y continúa desarrollando de manera normal sus actividades institucionales y de gobierno.

Asimismo, hizo un llamado a que la información difundida en medios de comunicación y plataformas digitales sea manejada con responsabilidad, rigor y veracidad, al considerar que este tipo de publicaciones contribuyen a generar desinformación y tensión política.

“Es por ello que nosotros hacemos un llamado respetuoso, pero firme, para que la información vertida en medios de comunicación tenga sustento y esa responsabilidad que necesita el pueblo de Morelos para recibir información veraz. Hay tintes políticos, tintes de querer manchar a este gobierno y posiblemente a la figura de una mujer que es respetable y que todos los días muestra congruencia en su actuar”, concluyó Maldonado.

Información. Reporte Índigo.