Los actos de violencia cometidos en contra de infantes y adolescentes de Veracruz, se incrementaron drásticamente durante la administración estatal que fue encabezada por Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador de esa entidad federativa. Este dato incluye las agresiones que se presentan tanto dentro como fuera del ámbito familiar, según lo han documentado las actuales autoridades del estado.

Los registros estadísticos que han recolectado las autoridades de Veracruz en la presente gestión estatal, muestran que los hechos de violencia contra los infantes y adolescentes de la entidad aumentaron sostenidamente durante el sexenio de García Jiménez, sin que se implementara alguna estrategia o programa local que resultaran efectivos para detener esta tendencia, como puede corroborarse en los diagnósticos elaborados en esta materia.

El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2025-2030 incluyó un registro titulado “Víctimas de Violencia Familiar y no Familiar contra la Infancia según sexo en el estado de Veracruz, 2018-2023”, donde puede constatarse esta crisis de violencia contra las infancias de Veracruz que acompañó al entonces mandatario de ese estado durante prácticamente todo su periodo gubernamental.

Esta información muestra que en el año 2018, cuando comenzaba la administración de García Jiménez, Veracruz registraba 822 víctimas infantes y adolescentes de hechos de violencia; para el 2019 se incrementarían a mil 046 las víctimas con estas características; para el 2020 la cifra se elevó a mil 235; para el 2021 el crecimiento arrojaría mil 499 víctimas en estas condiciones; para el 2022 se alcanzaría un pico de 2 mil 463 infantes y adolescentes afectados; mientras que el 2023 cerraría con mil 975 víctimas de esta índole.

Los casos de violencia contra infantes se duplicaron

Las cifras procesadas en el documento, aunque obtenidas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), revelan que en el periodo 2018-2023 las víctimas infantes y adolescentes de hechos de violencia en Veracruz aumentaron más del doble, esto es, un 140.26 por ciento, lo que corroboró las dimensiones que alcanzó esta problemática más bien silenciosa durante el mandato de García Jiménez como gobernador de esa entidad.

Apunta al respecto el documento elaborado por el Gobierno de Veracruz: “Registros de violencia contra la infancia en Veracruz señalan que los casos van en aumento, llegando a las 1,975 víctimas para 2023. Esta situación se incrementó notablemente entre 2020 y 2022, debido a la permanencia de las familias en casa durante la pandemia de COVID-19”.

Ya hacia la recta final de la administración estatal de Cuitláhuac Garcia, se habría instituido un mecanismo para la recepción de las denuncias de violencia familiar que se generaban en la entidad, aunque el documento citado no precisa si esta herramienta tuvo algún tipo de impacto para la disminución de estas agresiones contra los infantes.

El Sistema de Alerta Temprana (SIAT), creado en Veracruz en 2023 para recibir denuncias telefónicas de violencia familiar, reportó durante 2024 agresiones contra 478 niñas y niños de entre cero y 11 años —159 mujeres y 319 hombres—, además de 51 adolescentes de 12 a 18 años. En el caso de menores pertenecientes a pueblos originarios, las niñas y adolescentes concentraron el 80.7 por ciento de las víctimas de violencia familiar y no familiar, frente al 19.3 por ciento correspondiente a los hombres.

Adicciones, otra problemática entre adolescentes

Junto a esta problemática de violencia que se incrementó durante la administración de García Jiménez, las infancias de Veracruz también resultaron afectadas en ese sexenio por las adicciones a las drogas, por lo que más de una centena de infantes y adolescentes llegaron a estar internados en centros de tratamiento de la entidad por estos motivos, según se plasmó en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2025-2030, citado con anterioridad.

El consumo de sustancias y las adicciones también representan un factor de riesgo para la infancia y adolescencia en Veracruz. De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala el (PVD), durante 2023 un total de 149 menores de entre nueve y 17 años permanecieron en centros de rehabilitación por problemas relacionados con adicciones. Esta situación impactó negativamente en su bienestar físico y emocional, además de afectar sus vínculos personales y familiares.

El discurso incongruente de Cuitláhuac García

Durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Veracruz mostró un crecimiento sostenido que dejó al descubierto la falta de mecanismos eficaces para contener una problemática que, durante años, permaneció invisibilizada en amplios sectores de la entidad.

Los datos integrados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 revelan que las agresiones contra menores de edad aumentaron de manera constante entre 2018 y 2023, tanto en el entorno familiar como fuera de él. El diagnóstico oficial advierte que, lejos de disminuir, los casos se agravaron en los años posteriores a la pandemia, cuando miles de menores permanecieron confinados en espacios donde ya existían dinámicas de violencia.

Aunque los datos oficiales son contundentes, la narrativa que sostuvo el exgobernador estuvo encaminada a la línea que establece la llamada Cuarta Transformación, en la que se prioriza el bienestar social y el fomento de los valores dentro del entorno familiar y escolar.

Acciones con pocos resultados

El 30 de enero de 2023, cuando se puso en marcha el Sistema de Alerta Temprana (SIAT) para la Atención a la Violencia Familiar, Cuitláhuac García Jiménez señalaría en su discurso que el movimiento político al que pertenece estaba interesado en modificar los valores de la sociedad para así dejar atrás aquellos que fueron instituidos por el sistema neoliberal, como puede corroborarse en estas declaraciones difundidas aquel día:

“Además de fortalecer mediante los programas sociales a las familias más pobres, de ir aliviando la desesperación social con recursos millonarios distribuidos a millones de personas, desde el gobierno también estamos conscientes que debemos fortalecer los valores. (…)

«Esto es un movimiento que también transforma lo materialista, individualista y egoísta del sistema neoliberal con uno nuevo que vea a la sociedad, a las personas y a las familias de manera más solidaria, generosa, amorosa y cooperativa”.

Infografía: https://e.infogram.com/e86f6ed5-d08a-4cde-b43c-5ec779be2884?src=embed

Ese día, el Gobierno de García Jiménez también expondría estas precisiones sobre el Sistema de Alerta Temprana (SIAT) para la Atención a la Violencia Familiar: “El SIAT es adicional a los esquemas del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que trabajan coordinadamente con los diferentes órdenes de gobierno para atender de manera integral a las víctimas aplicando una estrategia de apoyo y seguimiento de cada caso en particular, fortaleciendo el intercambio de información entre los entes públicos de manera rápida y eficiente”.

El diagnóstico oficial, contrario al discurso de García Jiménez, advierte que, lejos de disminuir, los casos se agravaron en los años posteriores a la pandemia, cuando miles de menores permanecieron confinados en espacios donde ya existían dinámicas de violencia.

Falló en protección de las infancias 

Las cifras de la violencia contra menores de edad veracruzanos reflejan no solo un deterioro de las condiciones de protección hacia la infancia, sino también la ausencia de políticas públicas integrales capaces de prevenir y atender la violencia desde sus primeras manifestaciones, considera Araceli Rodríguez Morán, abogada especializada en defensa de derechos humanos.

“La violencia contra niñas, niños y adolescentes nunca aparece de manera aislada; generalmente está relacionada con contextos de abandono institucional, pobreza, impunidad y falta de acceso a mecanismos de protección”, señaló la especialista.

Rodríguez Morán sostuvo que uno de los problemas más graves durante esos años fue la insuficiente capacidad de reacción de las autoridades locales frente al incremento de denuncias y reportes de agresiones, es decir, cuando las instituciones reaccionan tarde, las consecuencias para las víctimas suelen ser mucho más profundas y permanentes.

Explicó que los menores de edad enfrentan mayores obstáculos para denunciar situaciones de violencia, especialmente cuando los agresores forman parte del entorno familiar o comunitario. En ese contexto, indicó que la omisión gubernamental puede convertirse en un factor que agrava la vulnerabilidad de las víctimas.

“Es inaceptable que, a pesar de contar con diagnósticos claros sobre la violencia, no se hayan puesto en marcha acciones contundentes para detener esta tendencia”, señala Rodríguez Morán. La abogada también menciona que la pandemia de COVID-19 exacerbó la situación, ya que muchas familias permanecieron en casa, aumentando la exposición de los menores a situaciones de riesgo.

Falta de acceso a la justicia

La abogada advirtió que cualquier estrategia de atención debe ir más allá de la recepción de denuncias. “No basta con crear líneas telefónicas o mecanismos de reporte; se requiere acompañamiento psicológico, acceso a la justicia, atención inmediata y políticas preventivas permanentes”, afirmó.

La especialista agregó que la violencia contra la infancia suele mantenerse fuera del debate público debido a que muchas agresiones ocurren dentro del hogar.

“Es una crisis silenciosa porque muchas veces las víctimas no pueden hablar, no saben cómo pedir ayuda o dependen económicamente de quienes las violentan”, puntualizó.

El incremento de casos documentados en Veracruz durante los últimos años dejó expuesta una realidad que organizaciones civiles y especialistas han advertido desde hace tiempo: la violencia contra menores de edad continúa creciendo en distintos espacios sociales mientras las instituciones siguen enfrentando dificultades para prevenirla y contenerla de manera efectiva.

Información. Reporte Índigo.