El dictamen para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que forma parte de los cambios para aterrizar la reforma judicial en Guanajuato, tuvo que aplazarse una semana a la espera de un estudio financiero que había pedido desde hace días la diputada panista, Susana Bermúdez, para conocer el impacto en las arcas de la pensión compensatoria que pidieron jueces del estado.

Aunque el Congreso local tiene el tiempo encima para modificar el marco legal, previo a la elección judicial, en la sesión de la Comisión de Justicia se acordó aplazar la aprobación del dictamen para que la Unidad de Estudios de las Finanzas del Congreso local pueda hacer el estudio que la diputada del PAN había pedido desde hace una semana, pero que no atendió la presidencia de la comisión, a cargo del diputado de Morena, Abraham Ramos Sotomayor.

En entrevista, Susana Bermúdez Cano, aclaró que no podían aprobar un dictamen con la petición de los jueces para que puedan cobrar una pensión complementaria sin antes medir el impacto financiero para el Estado.

Durante la mesa de trabajo con integrantes del Poder Judicial, jueces en materia laboral, presentaron la petición para beneficiarse de la pensión complementaria, una prestación que actualmente solo tienen los magistrados, y que consiste en recibir un extra al momento de dejar el cargo, cifra que se calcula dependiendo del número de años.

Bermúdez Cano dijo que al aplazar una semana la aprobación del dictamen, también les permite compartir el borrador con el Poder Judicial, iniciante de la propuesta de reforma, y con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, porque se han hecho cambios de capítulos, modificaciones por técnica legislativa y se han agregado otras figuras que facilitarían su operación.

De acuerdo con los jueces locales, la pensión complementaria no representaría un gasto oneroso, pues solo serían unos 30 jueces los que pudieran gozar de la prestación, que son aquellos que tienen más de cinco años en el cargo y todavía no les alcanza el tiempo para jubilarse.

La petición de los jueces es porque con la elección judicial no tienen asegurado su puesto, a pesar de haber llegado a él por concurso de oposición, y la ley les impide litigar en Guanajuato durante los siguientes dos años. Esto limita el margen de desarrollo profesional a la docencia.

Información. Carmen Pizano.

Foto. X Congreso de Gto.