Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, nunca impidió que se realizaran operativos contra el narcotráfico en el estado, luego de que autoridades de Estados Unidos acusaron al mandatario estatal de tener nexos con el crimen organizado.
En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que el Gabinete de Seguridad no detectó conductas ilícitas por parte del gobernador con licencia mientras estaba en funciones.
Destacó que en su momento, el gobierno federal trabajó en coordinación con Rocha Moya para detener a objetivos de alta prioridad, incluyendo a personas que tenían solicitud de extradición.
“No se detectó, y no solo eso. Estuvimos operando todo el, todo lo que va del, de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen y aquí se han informado.
“En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México, sino de responsabilidad compartida, también personas con, con extradición y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, dijo en Palacio Nacional.
En este sentido, García Harfuch señaló que no hay ninguna investigación en contra de Rocha Moya por parte de las autoridades en México.
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), mencionó que el gobierno mexicano tiene constante comunicación con las autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, hasta el momento el Departamento de Estado estadounidense no ha respondido a la carta diplomática que envió el gobierno de México para solicitar las pruebas contra el gobernador con licencia.
“Sí, claro que hay comunicación, eh, tanto con la Embajada de los Estados Unidos en México como con, eh, Washington, con el Departamento de Estado. Tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana.
“Sobre este tema que mencionas en particular, se envió una nota diplomática, como se hace siempre, se envió, eh, a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado”, puntualizó.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, que lo acusa de mantener nexos con el Cártel de Sinaloa.
Tras darse a conocer las acusaciones el 30 de abril, Rocha Moya solicitó separarse provisionalmente del cargo el 1 de mayo.
De acuerdo con el Tratado de extradición entre México y Estados Unidos, si Rocha Moya es detenido con fines de extradición, se abre un plazo clave de 60 días para que el gobierno estadounidense entregue a México la solicitud formal acompañada de pruebas que justifiquen la detención y el enjuiciamiento del exfuncionario.
Si en ese lapso no se entregan los documentos requeridos, la detención provisional debe concluir.
El tratado especifica que la solicitud debe incluir una copia certificada de la orden de aprehensión, pruebas que liguen al reclamado con un delito y la legalización de documentos conforme a la ley mexicana.
Incluso si el plazo de 60 días vence sin la entrega de pruebas, la extradición puede reactivarse si posteriormente se presentan los documentos necesarios.
La discusión pública está centrada en la solidez de las pruebas con las que cuenta Estados Unidos y en la evaluación que harán las autoridades mexicanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ha declarado que solo procederían si se presentan pruebas claras.

