La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México enfrenta una crisis humanitaria y una emergencia forense derivada de las desapariciones de personas.

De acuerdo con el Informe sobre desapariciones en México 2026, donde se señala que estos actos ocurren desde hace varias décadas, particularmente desde el periodo conocido como la “guerra sucia”, que transcurrió aproximadamente a mediados de 1960 y 1980, cuando se registraron desapariciones forzadas reconocidas posteriormente por el propio Estado mexicano.

“La CIDH advierte que la desaparición de personas en México ocurre desde hace varias décadas (…) y tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales”, expuso el organismo.

La Comisión advirtió que para cuando fue aprobado el informe en México existían más de 128 mil personas desaparecidas y de manera paralela, más de 70 mil cuerpos permanecen sin identificar bajo custodia del Estado en servicios forenses y panteones.

De acuerdo con el documento, persisten los niveles de impunidad que afectan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. 

La CIDH citó datos de la organización México Evalúa, según los cuales, en 2023, el índice de impunidad penal fue de 93.6 por ciento. 

Entre los delitos con mayores niveles de impunidad destacan la desaparición forzada con 99.5 por ciento; extorsión con 98.4; fraude con 97.2, y homicidio doloso con 96.8 por ciento.

Uno de los puntos que destacó el informe fue el papel que han asumido las familias y colectivos de búsqueda ante la falta de resultados obtenidos por las autoridades. Indicó que muchas personas buscadoras han tenido que convertirse en investigadoras, pese a enfrentar amenazas, agresiones y riesgos constantes, principalmente provenientes del crimen organizado.

“Yo no tendría por qué estar pasando por esto, el exponerte en recibir amenazas contra tus hijos, no te deja vivir, no te deja dormir”, relató una madre buscadora citada en el informe.

La CIDH alertó que las afectaciones para las personas que se dedican a buscar a sus familiares incluyen problemas de salud mental, ansiedad, depresión, desgaste físico y afectaciones económicas, debido a que en ocasiones abandonan sus empleos para dedicar su tiempo a la búsqueda.

Finalmente, la CIDH llamó al Estado mexicano a desmantelar redes de corrupción institucional y fortalecer las fiscalías especializadas en desaparición.

“Superar esta crisis requiere, entre otros aspectos, la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia con el crimen organizado en las diferentes partes del país, el fortalecimiento de las instituciones estatales y la participación central de las víctimas y sus familias”, dice el informe.

Información. El Sol del Bajío.