Los seis procesos que promovió la Secretaría de la Honestidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa por las irregularidades en contrataciones que hizo el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes, se quedaron cortos, pues la red para beneficiar a José Luis Guerrero Méndez pueden encuadrar en delitos de tipo penal.

Así lo consideró la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, al solicitar a la Secretaría de la Honestidad que envíe al Congreso del Estado el informe de la auditoría a Juventudes y que informe el estado administrativo y procesal de las denuncias, pero también que el Tribunal de Justicia Administrativa para que resuelva con máxima diligencia e imparcialidad.

Aguilar Castillo estimó que los contratos que recibió la familia de Guerrero Méndez, ex asesor de Juan Carlos Alcántara Montoya, pueden encuadrar en el tipo penal de cohecho porque como alto funcionario en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, José Luis Guerrero se benefició con los contratos que recibió razones sociales ligadas a su familia y que entregó Juventudes con Antonio Navarro Padilla como titular del instituto.

En los procesos que promovió la Secretaría de la Honestidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, se señala como presunta responsable a Sandra Ramírez, quien fue la directora administrativa de Juventudes, y quien con el cambio de gobierno estatal fue contratada como responsable de compras en CECYTE.

Hades Aguilar Castillo aseguró que los resultados entregados por la Secretaría de la Honestidad de la revisión revelan un pacto de impunidad para quienes estuvieron y para quienes siguen en la nómina del gobierno estatal.

Antonio Padilla, quien estuvo al frente de Juventudes cuando se hicieron los contratos hoy señalados por irregularidades, sigue en la administración estatal como coordinador de Políticas Públicas y Seguimiento Estratégico de la Secretaría de Gobierno con sueldo de subsecretario; es decir, con ingresos de casi 88 mil pesos. En el caso de Sandra Ramírez, ex directora de Finanzas de Juventudes, a quien se le señala en los procedimientos como presunta responsable, está en la plantilla del CECYTE con sueldo de poco más de 30 mil pesos.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.