En el Congreso local inició el análisis de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se establecen reglas, criterios y procesos alineados a la reforma judicial que se hizo a nivel nacional para que sea la ciudadanía la que elija, a través del voto, a las personas juzgadoras y magistradas.

La propuesta de reforma llegó del propio Poder Judicial que se resume en tres pilares. El primero es el nuevo modelo que sustituye el consejo del Poder Judicial por dos órganos especializados e independientes: el de Administración Judicial que se va a encargar de los recursos humanos y presupuestales, la carrera judicial, transparencia, entre otras funciones. El segundo órgano es el Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá el régimen de responsabilidades administrativas, la disciplina judicial, evaluación del desempeño, resolución de conflictos laborales, entre otros. Aquí sus cinco integrantes serán electos por voto popular.

El magistrado Francisco Javier Zamora Rocha, de la tercera sala civil, comentó que el segundo pilar tiene que ver con la elección de personas magistradas y juzgadoras, donde se incluye la evaluación técnica de aspirantes que estará a cargo de la escuela judicial.

El tercer pilar de la reforma al hizo referencia el magistrado del Poder Judicial es el nuevo sistema de disciplina y responsabilidades administrativas que incorpora novedades en las sanciones: cuando se trate de conductas no graves puede ser suspensión de 1 a 30 días o la destitución, pero cuando son faltas graves la suspensión va de los 30 a 90 días y la inhabilitación hasta por 20 años.

En la propuesta presentada por el Poder Judicial se incorporan criterios que está por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las acciones de inconstitucionalidad que promovió Morena, la consejería jurídica del Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como quitar la disposición que pusieron los diputados de Guanajuato para que las personas aspirantes tengan al menos 5 años de residencia en el estado, cuando a nivel federal se habla de un año.

Rolando Alcántar Rojas señaló que existe todavía incertidumbre jurídica porque aunque hay un proyecto en la Suprema Corte para resolver las acciones de inconstitucionalidad a la reforma de Guanajuato, no se ha llevado a discusión y votación del Pleno, pero desde el estado se ha buscado la independencia judicial y la certeza jurídica.

Otro de los puntos que incluyó el Poder Judicial en la iniciativa y que forma parte de la acción de inconstitucionalidad que promovió Morena, consiste en mantener la responsabilidad del Tribunal de Disciplina Judicial de resolver en primera y segunda instancia, y no enviar los recursos de segunda instancia al Supremo Tribunal de Justicia, como lo planteó la mayoría panista en la reforma para Guanajuato.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Milenio.