México se mantuvo en 2025 como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, de acuerdo con el informe Estructuras del Silencio: censura, opacidad y vigilancia, elaborado por la organización Artículo 19. El documento advierte que “informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios”, en un contexto marcado por violencia letal, impunidad y el uso de mecanismos institucionales de presión.

Durante ese año, la organización documentó siete asesinatos de periodistas, una desaparición y 451 agresiones, lo que coloca al país en el primer lugar regional en violencia letal contra la prensa. En conjunto con Guatemala y Honduras, sumaron 12 homicidios de comunicadores, lo que evidencia una crisis extendida en Centroamérica y México.

Un patrón sostenido de violencia e impunidad

El informe subraya que las agresiones no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural. De las 451 agresiones registradas, 199 correspondieron a “ambiente hostil” (44.12%), 151 a abuso del poder público (33.48%) y 53 a violencia física y ataques directos (11.75%).

Las amenazas continúan como uno de los mecanismos más frecuentes, con 112 casos documentados, lo que implica que en México cada cuatro días un periodista es amenazado. A esto se suman 65 casos de estigmatización, de los cuales el 60% provinieron de autoridades o actores políticos.

El informe advierte que estos discursos “no constituyen expresiones neutrales” y, en contextos de violencia, pueden convertirse en detonantes que faciliten agresiones.

Violencia letal y fallas estructurales

Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados en México por posibles vínculos con su labor, mientras que 32 permanecen desaparecidos. Tan solo en 2025 también se registraron ocho intentos de asesinato.

La organización denuncia una “impunidad estructural”, señalando que en la mayoría de los casos las investigaciones no consideran la labor periodística como línea principal y presentan fallas graves, incluyendo prácticas de revictimización.

El uso del Estado como mecanismo de presión

El informe también identifica el uso del aparato institucional como una forma de censura. Durante 2025, 67 periodistas y medios enfrentaron procesos legales: 29 electorales, 17 penales, 13 civiles y ocho administrativos.

En 49 casos (73.13%), estas acciones fueron promovidas por funcionarios o actores políticos, lo que, según el documento, convierte al sistema de justicia en una herramienta para inhibir el ejercicio periodístico. “El objetivo no es necesariamente ganar, sino castigar mediante el proceso”, advierte.

Censura, opacidad y control de la información

El documento también alerta sobre obstáculos en el acceso a la información. Se detectó un patrón de respuestas incompletas, inexistentes o injustificadas en solicitudes oficiales:

• 32% de respuestas fueron incompletas
• 53.3% indicaron inexistencia de información
• 84% de los encuestados identificaron prácticas reiteradas

Además, el organismo señala que la instancia “Transparencia para el Pueblo” desechó cerca del 99.6% de los recursos de revisión en sus primeros meses, lo que refleja una priorización administrativa por encima del análisis de fondo.

En el ámbito digital, se documentaron 17 casos de censura en línea, mediante eliminación o restricción de contenidos periodísticos, en un entorno caracterizado por opacidad y baja trazabilidad.

Focos rojos y desplazamiento forzado

A nivel territorial, Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron el mayor número de agresiones, con 84, 39 y 34 casos respectivamente.

En contraste, en entidades con menor registro como Sinaloa, el informe advierte posibles escenarios de autocensura.

Asimismo, se documentaron al menos dos casos de desplazamiento forzado interno de periodistas en Michoacán, lo que implica ruptura de vida personal, pérdidas económicas y afectaciones psicológicas.

Información. Infaboe.