Una década después de que Colombia llegó a un convenio de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), las violaciones que el grupo cometió contra civiles inocentes siguen resonando en el país.

A través de una investigación emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para investigar y juzgar a los integrantes de la guerrilla, se destaparon datos precisos sobre el reclutamiento de niñas y niños para participar en las FARC-EP.

Se halló que el reclutamiento no fue un fenómeno aislado ni esporádico, por el contrario, tuvo un recrudecimiento particularmente intenso entre 1996 y 2016 con picos alarmantes en 1997, 2002, 2007 y 2013.

Durante estas dos décadas “la violencia contra la niñez fue persistente, sistemática y sostenida”, de acuerdo con Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, quien agregó que durante la investigación fueron acreditadas 11 mil 052 víctimas, de las cuales 2 mil 025 fueron individuales y 9 mil 027 pertenecientes a pueblos indígenas y a un consejo comunitario afrocolombiano.

Fueron 20 exguerrilleros de las FARC-EP los llamados a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento de menores de edad y aceptar su culpa por su liderazgo regional o su participación determinante en las distintas expresiones de este patrón macro criminal.

Los exintegrantes de esta guerrilla deberán decidir si reconocen o no su responsabilidad. Si lo hacen, el proceso continuará por la vía de sanciones propias. Por el contrario, quienes no reconozcan serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si los acusa o no ante el Tribunal para la Paz; de ser acusados y vencidos en juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años en prisión.

Entre los nombres mencionados por el equipo de investigación de la JEP aparecieron Fabián Ramírez Cabrera, comandante del bloque Sur de 1993 a 2013; Rodolfo Restrepo Ruiz, alias “Víctor 34”, comandante del bloque Noroccidental de 1993 a 1998 y del bloque Oriental de 2000 al 2009; y Ángel Alberto García Sánchez, alias “Hernán Benítez”, comandante del bloque Sur de 2009 a 2016.

El proceso de reclutamiento de las FARC-EP

Para reclutar a los niños y niñas, los exguerrilleros, pertenecientes a los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y al Comando del Conjunto Central,  buscaban ciertas características: Tener entre 15 y 30 años, aptitud física y mental, ser conocido en la región y tener voluntad libre de ingreso.

Sin embargo, en la práctica, la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de incorporación que consideró a niños y niñas, incluso menores de 15 años.

El reclutamiento y la utilización de niñas y niños se dio predominantemente por el uso de la fuerza con el 64 % de los casos en el nivel nacional, seguido del engaño y la persuasión con el 22 % y el 13 % de los casos, respectivamente.

El bloque Oriental concentró la mayor proporción de casos de reclutamiento a nivel nacional con 8 mil 987 victimizaciones, de los cuales 372 tenían 14 años o menos y 228 tenían 15, 16 o 17 años. El bloque Caribe fue el que reclutó una menor cantidad del fenómeno con 719 victimizaciones registradas; 36 con 14 años o menos y 19 con 15, 16 o 17 años.

La JEP encontró que las FARC-EP reclutaron de manera sistemática por todo el país exceptuando San Andrés y Santa Catalina.

Gracias a las declaraciones recolectadas de las víctimas, se concluyó que las poblaciones que sufrían vulnerabilidades estructurales fueron aprovechadas por la antigua guerrilla. Así, para el reclutamiento y la utilización de niñas y niños recurrieron a entornos rurales, de pobreza persistente, con limitada o inexistente presencia estatal y una oferta precaria de servicios básicos particularmente en materia de salud, educación y recreación.

La organización armada llegaba a las escuelas, a las canchas y a internados; en ocasiones, suplía servicios que el Estado no garantizaba, lo que facilitó el acercamiento directo a niños, niñas y a sus familias.

Para algunas víctimas, el ingreso a las filas se presentó como una salida a esa situación de precariedad.

“Siempre fui un niño de campo y la verdad la vida de campo no es la misma que la de la ciudad, los niños y niñas del campo viven en el olvido y por eso suceden estas cosas donde son llevados o reclutados a la fuerza y les aseguran promesas falsas que nunca les cumplen”, compartió una de las víctimas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Las acciones de búsqueda de las familias de niños y niñas reclutadas

Cuando los niños y niñas eran reclutados, sus familias comenzaron una búsqueda incansable: acudieron por sus propios medios a indagar sobre el paradero de sus hijos, apoyándose de vecinos, radios comunitarias y tocando las puertas de organismos humanitarios para acelerar la búsqueda.

Buscaron mientras, a la par, asumían los riesgos de recorrer largas distancias, enfrentando incluso a comandantes de las guerrillas y exigirles respuestas.

Al día de hoy todavía se buscan 488 niños y niñas y, gracias a las medidas cautelares adoptadas en este caso para proteger sitios de interés forense, se han recuperado 55 cuerpos, de los cuales 20 han sido entregados dignamente a sus familias; entre ellos, 11 corresponden a víctimas de reclutamiento.

“Cada uno de ellos representa años de incertidumbre, de búsqueda incansable y de un duelo suspendido. La identificación y recuperación de esas víctimas no solo es un logro judicial, es un acto de humanidad que devuelve, al menos en parte, la posibilidad de cerrar ciclos de dolor (…)

“Hoy tenemos la oportunidad de enfrentar esta verdad y transformarla con compromiso colectivo de no repetición. Este es ante todo un momento de reflexión para preguntarnos qué tipo de país queremos ser y qué estamos dispuestos a hacer para proteger a las nuevas generaciones, porque la niñez no puede volver a ser utilizada en la guerra, esa debe ser una convicción compartida sostenida en el tiempo y respaldada por acciones concretas”, dijo presidente de la JEP.

Información. Reporte Índigo.