El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República (FGR), una hoja de ruta que apuesta por reconstruir capacidades institucionales, se presenta bajo cuestionamientos por omitir un plan puntual para enfrentar el subregistro criminal que distorsiona la dimensión real de la violencia en México. Esto luego de que la fiscal Ernestina Godoy reconoció ante el Senado que en algunos delitos la cifra negra —es decir, los delitos que no se denuncian— supera el 95 por ciento.

El diagnóstico es severo: si la mayoría de los delitos no se denuncian, el desafío no solo es perseguir el crimen, sino recuperar la confianza en un sistema de justicia cuya debilidad también alimenta la impunidad.

Aunque el plan de la FGR que presentó la fiscal en fechas recientes no contempla una estrategia o actividades específicas para combatir la cifra oculta de delitos, los 10 ejes que lo componen buscan, en conjunto, que una de las consecuencias positivas de este plan sea aumentar la confianza de los ciudadanos en las autoridades ministeriales para que se decidan a denunciar y, con esto, poder combatir y reducir la incidencia delictiva.

Sin embargo, especialistas consideran importante prever un escenario complejo: si aumentan las denuncias, también crecerán los delitos registrados por la autoridad, un fenómeno que podría interpretarse erróneamente como un repunte de criminalidad cuando, en realidad, reflejaría una mayor visibilidad de conductas que hoy permanecen ocultas.

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El documento, presentado ante el Senado, busca reposicionar a la FGR como una institución menos opaca, más coordinada y con capacidades renovadas para enfrentar impunidad, corrupción y rezagos estructurales. Pero el desafío de abatir la cifra negra no pasa solo por reorganizar la institución, sino por reconstruir la confianza ciudadana en la justicia.

Para Érik Ruíz, secretario técnico del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM, el anuncio representa “un acto de buena voluntad”, pero también una apuesta que deberá demostrar resultados más allá del discurso.

“Los 10 ejes aciertan en el diagnóstico, pero hay que ver cuál va a ser el tratamiento. Me parece que de aquí a 2029 es muy poco tiempo; esto tendría que ser una política de reestructuración mucho más amplia”, advierte en entrevista con Reporte Índigo.

Ciudadanos prefieren no denunciar delitos 

La cifra negra no solo mide delitos que no llegan a una carpeta de investigación. También refleja miedo, burocracia, revictimización y una desconfianza arraigada en ministerios públicos y fiscalías.

Por eso, el reconocimiento hecho por Godoy abre una discusión incómoda: si nueve de cada 10 delitos no se denuncian, la estadística criminal oficial es apenas una parte del problema, explica el especialista.

Desde esa lógica, el combate a la cifra negra atraviesa varios de los 10 ejes del plan, particularmente los relacionados con coordinación entre fiscalías, modernización institucional y priorización de recursos.

Ruíz de la Cruz identifica ahí algunas pistas: 

“Gran parte de los ejes van orientados precisamente al objetivo de reducir esa cifra negra: la coordinación, el fortalecimiento, la modernización, incluso el eje de reorientar recursos hacia los delitos que más afectan al pueblo”, señala.

Pero advierte que denunciar más no necesariamente significará que haya más violencia. “Si aumentan las denuncias, eso no implica automáticamente que aumenten los delitos; puede significar que existe mayor confianza en las instituciones. Eso hablaría de una mejor cultura de la denuncia”, explica.

Más denuncias, no significan más delitos 

En un país donde buena parte de los delitos del fuero común ni siquiera se reportan, el aumento de denuncias podría ser leído como un síntoma positivo, no como deterioro en la seguridad.

Esa distinción es clave, porque uno de los riesgos políticos del combate a la cifra negra es que mejores registros puedan confundirse con repuntes delictivos.

Para el especialista de la UNAM, la verdadera apuesta pasa por que denunciar deje de sentirse inútil: 

“La ciudadanía tiene que ver que la denuncia surte efectos, que se judicializa y que puede derivar en una sentencia condenatoria”, subraya.

En esa ruta, el plan de la FGR apuesta por digitalización de servicios, reducción de trámites, fortalecimiento territorial e inteligencia criminal. Medidas que, en teoría, podrían reducir las barreras para denunciar.

Pero el obstáculo mayor sigue siendo la credibilidad debido a que, precisa Érik Ruíz, la desconfianza en la autoridad no se atiende solo desde la Fiscalía con anuncios, sino que se atiende con productos y resultados.

¿Es posible reducir impunidad y fortalecer la cultura de la denuncia?

La presentación del plan también abrió otra discusión: si el horizonte 2026-2029 es suficiente para corregir déficits acumulados desde la extinta Procuraduría General de la República. El académico ve en la propuesta una señal política correcta, pero insuficiente frente a un problema incubado por décadas.

“Estamos hablando de un mal histórico. La cultura de la denuncia todavía no termina por socializarse, por miedo a represalias, por trámites largos, por desconfianza”, sostiene.

El diagnóstico coincide con uno de los puntos más delicados reconocidos por la propia fiscal: sin ciudadanía que denuncie, la persecución penal opera a ciegas.

Y ese sería el fondo del mensaje político de Godoy: admitir que combatir la impunidad empieza por aceptar lo que el Estado no está viendo. La gran incógnita, dice, es si el plan será una hoja de ruta transformadora o una nueva arquitectura burocrática sin impacto tangible.

Cultura de denuncia pondría a prueba a un sistema de justicia que aún enfrenta rezagos 

Reducir la cifra negra no solo implica lograr que más víctimas acudan ante la autoridad. También surge el cuestionamiento sobre si el sistema de justicia mexicano está preparado para procesar un eventual aumento de denuncias.

Érik Ruíz de la Cruz, especialista de la UNAM, señala que el combate al subregistro delictivo no puede pensarse sin revisar las capacidades reales del Estado para responder.

“La denuncia es el combustible, es el primer paso, pero el sistema de justicia debe verse fortalecido para que el Estado tenga capacidad de operar”, advierte en entrevista.

El especialista sostiene que generar confianza para denunciar puede tensionar a instituciones que arrastran rezagos tecnológicos, déficit de personal y prácticas burocráticas que aún desalientan a las víctimas.

Aunque el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 apuesta por modernización, digitalización e inteligencia criminal, Ruíz considera que la discusión central es si esas capacidades pueden construirse en el corto plazo. “Estamos hablando de recursos tecnológicos, accesibilidad, personal capacitado y capacidades humanas. Todo eso requiere tiempo”, señala.

Uno de los puntos críticos es la profesionalización del personal ministerial. El plan contempla al Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) como pieza para formar cuadros especializados, pero el académico cuestiona la velocidad y profundidad de ese proceso.

“¿Cuánto tiempo nos va a llevar capacitar a todo ese personal? ¿Bajo qué enfoque? ¿Cuántas personas van a ser formadas para poner en marcha este modelo?”, plantea.

La duda cobra relevancia si una política exitosa para reducir la cifra negra deriva en más carpetas de investigación, más carga para ministerios públicos y mayores exigencias para fiscalías locales y federal.

También se mide en legitimidad

El académico recuerda que, según la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2025, casi 85 por ciento de las personas considera probable que un servidor público acepte dinero para acelerar trámites o servicios.

Para él, ese dato refleja un problema estructural. “Si 85 por ciento cree que un trámite puede acelerarse con sobornos, quienes no tienen esa opción terminan muchas veces en ese 95 por ciento que no denuncia”, sostiene.

Bajo esa lógica, el combate a la cifra negra no solo puede aumentar denuncias; también puede exhibir las limitaciones de un aparato de justicia que tendría que absorber más casos sin reproducir impunidad.

La apuesta, dice, es que denunciar deje de ser una ruta estéril. Pero para que eso ocurra, la promesa de abrir las puertas de la justicia tendría que acompañarse de algo más complejo: construir la capacidad para responder cuando esas puertas comiencen a tocarse más.

Senadores avalan el plan

Con respaldo de la mayoría legislativa, el Senado aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 presentado por la FGR, el cual busca reestructurar la institución, fortalecer la investigación criminal y colocar a las víctimas como eje de actuación. El documento fue avalado durante la sesión ordinaria con 85 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones.

El proyecto, impulsado por la fiscal general Ernestina Godoy, recibió apoyo de Morena y aliados, que lo presentaron como el inicio de una transformación institucional frente a rezagos históricos, impunidad y desconfianza ciudadana. Sin embargo, la oposición advirtió riesgos en su diseño, falta de claridad en la implementación y omisiones en la atención de delitos como desaparición forzada o agresiones contra periodistas.

Desde tribuna, la senadora del Partido Verde, María del Rocío Corona Nakamura, defendió que la propuesta responde a un sistema rebasado. Recordó que más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, mientras menos del dos por ciento concluye en sentencia condenatoria.

“México demanda justicia que funcione e instituciones que respondan”, sostuvo al respaldar una reestructuración que, dijo, permitirá orientar recursos hacia tareas sustantivas de investigación.

El diagnóstico oficial también refiere que durante 2025 se iniciaron más de 84 mil carpetas de investigación a nivel federal, muchas de ellas sin resolución, un rezago que el oficialismo planteó como argumento para acelerar cambios en la FGR.

La senadora petista Liz Sánchez defendió que el plan busca pasar “de un modelo centrado en el trámite a uno enfocado en investigación estratégica, coordinación y resultados”, con una Fiscalía capaz de construir casos sólidos y no solo administrar expedientes.

Uno de los puntos centrales que destacó la mayoría fue colocar a las víctimas como eje transversal, con promesas de atención integral, reparación del daño y mecanismos para garantizar verdad y no repetición.

Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano reconoció que el plan admite rezagos que durante años fueron negados, pero cuestionó que la apuesta por inteligencia criminal pueda confundir labores de análisis con prueba judicial.

“La inteligencia orienta, anticipa, pero de ninguna manera sustituye las pruebas de un juicio”, advirtió. También criticó que el documento no defina reglas claras de coordinación con fiscalías estatales ni fortalezca suficientemente a las instituciones locales, donde se concentra la mayor incidencia delictiva.

La oposición alertó además sobre riesgos por el uso de tecnología e inteligencia sin controles explícitos, así como la falta de mecanismos concretos para participación de víctimas

Pese a esos cuestionamientos, la mayoría defendió que el plan está alineado con la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum y busca convertir a la FGR en una institución más eficaz, menos opaca y con mayor capacidad operativa.

Información. Reporte Índigo.