Autoridades federales en materia ambiental y representantes de la empresa Loma de Irapuato llegaron a un acuerdo reparatorio por el daño ambiental en la Sierra de Santa Rosa que generó el desarrollo inmobiliario La Cucursola. El acuerdo incluye la reforestación y el pago de una multa.

Con el acuerdo que pactaron directamente los representantes de la empresa, de la que es accionista el político irapuatense Sergio Fernando Ascencio Barba, se suspende el proceso penal y solo habrá una nueva audiencia en seis meses para ver los avances en la reforestación y conocer si se pagó la multa a las autoridades ambientales.

Gustavo Lozano, representante de Acción Colectiva Socioambiental que impulsó el proceso penal por el daño que causó el desarrollo inmobiliario a la Sierra de Santa Rosa, consideró que el pacto que se hizo con las oficinas centrales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se queda corto.

El activista también expuso que durante todo el proceso penal, el juez federal a cargo insistió en que la empresa tendría que retirar el concreto que se colocó para tener acceso al fraccionamiento residencial que vendió la empresa de Sergio Fernando Ascencio Barba, pero en la audiencia de este miércoles no se tocó el tema.

A decir de Gustavo Lozano la explicación que dio el juez se quedó corta sobre los alcances del acuerdo reparatorio firmado entre la PROFEPA y la empresa Loma de Irapuato.

Finalmente, Lozano adelantó que están por presentar una demanda contra autoridades de los tres niveles de gobierno por acciones u omisiones que llevaron al daño ambiental en la zona serrana de Guanajuato capital.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.