Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el desmantelamiento de “una de las más importantes redes de contrabando de combustible” en México.

El fiscal especial explicó que el desmantelamiento ocurrió analizar diversas líneas de investigación, que derivaron del operativo que ocurrió en marzo del 2024, en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró el buque ‘Challenge Procyon’ que transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal y por el cual se detuvo a 11 servidores públicos ligados al caso.

“En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”, dijo en conferencia de prensa.

Comentó que tras el operativo se mantuvo un trabajo de investigación contra el huachicol, lo que permitió detectar empresas dedicadas al contrabando de combustible, las cuales han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos.

¿Cómo operaban?

Ulises Lara detalló que dichas empresas usaron documentos falsos o con datos inexactos, además de que usaron “empresas fachada” y aprovecharon “áreas de oportunidad en sistemas de control, con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias”.

De igual fora se identificó que estas estructuras empresariales ilícitas operan mediante un esquema logístico multimodal que combina de manera coordinada los transportes marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos».

Señaló que dicho esquema se utilizó para operar en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, y les permite fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país por puertos marítimos, su desplazamiento a gran escala mediante infraestructura ferroviaria y su posterior redistribución a través de transporte terrestre.

Esto, a través de operaciones comerciales simuladas, documentación irregular y redes logísticas diseñadas para evadir los controles aduaneros, fiscales y regulatorios.

Agregó que los cargamentos, etiquetados en muchos casos como aditivos, lubricantes o aceites, ingresan a territorio mexicano mediante esquemas documentales simulados por medio de declaraciones falsas, documentación adulterada sobre volúmenes y muestras, además de la emisión de facturas apócrifas.

Información. Infaboe.