Con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitirá la creación de una Ley General contra el feminicidio en México, con el objetivo de homologar criterios legales en todo el país.

La iniciativa obtuvo 109 votos a favor y busca incorporar este delito al catálogo que faculta al Congreso para expedir leyes generales, como ya ocurre con ilícitos como desaparición forzada, secuestro o trata de personas.

El proyecto, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

Unificar criterios para combatir la impunidad

Actualmente, el feminicidio se tipifica de manera distinta en cada entidad federativa, lo que ha generado diferencias en sanciones, procesos de investigación y atención a víctimas.

La nueva ley busca establecer un marco uniforme en todo el país, con reglas claras para investigar, sancionar y reparar este delito, así como garantizar protección integral a las víctimas y sus familias.

Entre los puntos clave que se prevé incluir en la futura legislación destacan:

• Investigación de toda muerte violenta de mujer bajo perspectiva de feminicidio
• Homologación de penas y criterios jurídicos en todo México
• Identificación de razones de género como violencia sexual o relaciones de poder
• Atención a víctimas indirectas, como hijas e hijos

Legisladoras impulsan la reforma como deuda histórica

Durante la discusión, la senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, subrayó que el problema de fondo es la respuesta fragmentada del Estado ante la violencia feminicida.

Desde tribuna, legisladoras recordaron casos emblemáticos de víctimas y señalaron que esta reforma representa un paso hacia una justicia más equitativa, sin depender del estado donde ocurra el delito.

Oposición respalda, pero exige presupuesto

Aunque la reforma fue aprobada por consenso, legisladoras de oposición advirtieron que su efectividad dependerá de la asignación de recursos.

Senadoras de distintos partidos coincidieron en que sin presupuesto suficiente, personal capacitado y protocolos eficaces, la nueva ley podría quedar limitada a un avance legal sin impacto real.

Incluso se retomaron observaciones de organismos internacionales que señalan la importancia de acompañar las leyes con financiamiento adecuado para su implementación.

Tras su aval en el Senado, la reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados. Posteriormente, el Ejecutivo enviará la iniciativa de Ley General contra el feminicidio.

El objetivo final es establecer una política nacional que garantice investigaciones con perspectiva de género, reduzca la impunidad y fortalezca el acceso a la justicia para las mujeres en todo el país.

Información. Periódico Correo.