Desde hace 8 años los centros de rehabilitación en Guanajuato operan bajo el acecho de grupos del crimen organizado y de las autoridades que presionan a los responsables con la advertencia de clausurar los centros, sin dar una opción para que en el estado se puedan atender a las personas que viven con alguna adicción.

Nicolás Pérez Ponce, representante de la agrupación Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), recordó que al atender, en su mayoría, a personas que llegaron a tener algún conflicto con integrantes del crimen organizado, son observados cuando las reciben para integrarlos a un tratamiento.

Además, desde el ataque, en julio de 2020, en un centro de Irapuato que cobró la vida de 34 personas, las autoridades intensificaron los operativos en los centros de rehabilitación, aunque previamente habían sido ignorados cuando denunciaron presuntas malas prácticas de algunos anexos.

Dijo que entre los requisitos que les piden las autoridades para regularizar los centros de rehabilitación está una certificación de Cofepris, pero para poder obtenerla tendrían que aumentar el costo de los servicios que se ofrecen.

Nicolás Pérez comentó que las familias serían las que tendrían que pagar más por ver a su ser querido rehabilitado y eso frenaría a quienes más lo necesitan a pedir el internamiento por no poder costear.

El dirigente de CRUB ha pedido la intervención de Morena para que el gobierno del estado apoye a los centros de rehabilitación que operan ante la falta de espacios gubernamentales para ofrecer el tratamiento.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.