Al advertir que si cierran los centros de rehabilitación que operan particulares, los jóvenes están en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado, encargados de los llamados anexos pidieron a las autoridades estatales apoyar para que puedan mantener abiertos sus programas para atender a personas que viven con alguna adicción.

Durante la discusión de las leyes de ingresos de los municipios, Morena propuso descuentos para centros de rehabilitación particulares de hasta el 50 por ciento en servicios como agua, permisos de desarrollo urbano y de protección civil, pero todas las peticiones fueron rechazadas.

En entrevista, Nicolás Pérez, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, reclamó que el PAN no apoyó los descuentos para que los anexos puedan operar en condiciones más dignas.

Representantes de anexos llegaron al Congreso de Guanajuato para presenciar la posibilidad de recibir beneficios en los cobros municipales, pero ante la resistencia de la mayoría, recordaron que brindan tratamiento y acompañamiento a todas las personas que se acercan, incluso si no tienen recursos para pagar las cuotas.

Pablo Alcalá, representante del centro de rehabilitación GAM, advirtió que sin los apoyos algunos centros podrían cerrar y con ello dejar de atender a la población juvenil expuesta al reclutamiento del crimen organizado.

Los representantes reclamaron que no reciben apoyos gubernamentales, mientras el Gobierno del Estado limita la atención a personas en rehabilitación porque solo cuenta con dos centros: uno en el Centro de Internamiento para Adolescentes en conflicto con la Ley, y otro en Irapuato

Información. Carmen Pizano.

Foto. Milenio.