Derivado de la cancelación del Seguro Popular, la falta financimiento de la federación y la indefinición legal buena parte de los aproximadamente 2 mil asuntos que resuelve al año el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del XVI Circuito radicado en Guanajuato están relacionados con temas de salud. Así lo hizo saber el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero en entrevista exclusiva a Periódico Correo.

Entre estos temas se encontraba la situación de las personas con enfermedad renal crónica que requieren del tratamiento de hemodiálisis. El juzgador contó que el primer paso para garantizar al tratamiento a estas personas fue integrar la enfermedad renal crónica en grados 4 y 5 al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Este fondo establece que los gobiernos estatales que no han entregado los servicios de salud a la federación se encargarán de tratar estas enfermedades mientras que la federación se encarga de pagar la cuenta de los servicios mediante el fideicomiso del fondo posteriormente.

“A raíz de un juicio de amparo que resolvió en revisión este tribunal, pues el Consejo de Salubridad General cambió las cosas porque contempló como una enfermedad que genera gastos catastróficos en la insuficiencia renal grado 5. Yo creo que esta fue la primera barrera que se venció a través de un juicio de amparo”, declaró el magistrado.

El juzgador recordó que a través de las resoluciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se garantiza el tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Regional de Alta Especialidad de León a las personas referidas allí por las autoridades locales y además sean susceptibles de trasplante renal.

Por ello el juzgador reconoció la labor del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): “ha retomado estos asuntos de hemodiálisis y los ha tramitado cambiándole la vida a muchas personas, que creo que es importante señalar esto”.

Al ser cuestionado sobre los constantes ataques contra el Poder Judicial de la Federación lanzados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el juzgador sentenció que en ellos hay una intencionalidad política clara: “evidentemente el presidente no está cómodo con un poder judicial independiente, particularmente con la Suprema Corte”.

Señaló también que las reformas planteadas por el presidente que proponen que los jueces sean electos popularmente significarían abrirle la puerta a la corrupción en el Poder Judicial, así como acabar con su autonomía:” imagínese usted si nos vamos al sistema electoral, pues se tienen que hacer compromisos porque las elecciones cuestan y cuestan mucho dinero… ¿dónde queda la independencia de un juez, la imparcialidad de un juez si van (a) las elecciones? Pues lógicamente, el crimen organizado, los grandes grupos económicos de este país van ahora sí que tener sus jueces para cuando se ocupen”.

Por último, refirió que para fortalecer al Poder Judicial no es necesario destruir todo lo que ha avanzado como lo propone sino reforzar el Sistema de Carrera Judicial que permite que sean aquellos funcionarios que realmente se han especializado y se actualizan constantemente mediante la Escuela Federal de Formación Judicial sean promovidos en el escalafón institucional.

Información. Periódico Correo.