En Guanajuato las mujeres desaparecidas también son invisibilizadas por las cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado. Así se dio a conocer en la presentación del estudio ‘Mujeres desaparecidas del estado de Guanajuato’, presentado en la capital del estado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En la presentación realizada por Marcela Villalobos del mencionado instituto, se menciona que hasta el año 2020 se tenía un total de 665 personas sin localizar, pero para el siguiente año sólo se reportaron de manera oficial 42.
El estudio señala que pareciera que las desapariciones no se registraron completamente por parte del estado de Guanajuato, pues para 2021 no coincide ni con la tendencia histórica de desapariciones registradas ni con la realidad de acuerdo con lo reportado por colectivos de búsqueda y por las mismas fichas de búsqueda emitidas por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato.
“La disminución en porcentaje de 90 % de personas desaparecidas de 2020 a 2021. Podría explicarse con un subregistro hecho por la Fiscalía, pues la mayoría de los datos que se envían al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), provienen de las fiscalías estatales. Al ser el RNPNDO la fuente principal para conocer más sobre la problemática de desapariciones en el país, resulta preocupante que sea la misma autoridad la que invisibilice y desaparezca, por segunda vez, a las personas al no mostrar los datos reales”, señala el estudio financiado por la Unión Europea.
Para realizar el estudio, se entrevistó a los titulares de la comisión de búsqueda y la comisión de víctimas con información sobre el contexto, las causas y las acciones entorno a las desapariciones de mujeres en Guanajuato. Es importante señalar que se solicitó entrevista a las titulares de la Secretaría de Gobierno en ese tiempo encabezada por Libia Denisse García Muñoz Ledo, la Secretaría de Seguridad del Estado de Alvar Cabeza de Vaca y el sistema estatal de Seguridad Sophia Huett López, así como a la Fiscalía General de Justicia de Carlos Zamarripa Aguirre, sin que hubiera una respuesta favorable de su parte.
El estudio es enfático al señalar en sus conclusiones que: “En Guanajuato, de acuerdo con datos del RNPDNO, de enero de 2000 a diciembre de 2022 son al menos 544 registros de mujeres que continúan como desaparecidas y no localizadas. Los municipios que encabezan la lista en números absolutos son: Celaya con 84 mujeres, seguido de León con 70, en tercer lugar, Irapuato con 67, Salamanca con 28 y Pénjamo con 21 niñas y mujeres desaparecidas o no localizadas”.
“El año con el mayor registro de mujeres desaparecidas fue el 2020, con 154 desapariciones (RNPDNO, 2023). La información reportada por la FGJE al RNPDNO dista mucho de la realidad, pues más allá de la cifra negra o delitos que no se denuncian, pareciera que la FGJE recurre a una práctica de doble desaparición, al menos en los reportes oficiales en esa fuente específica, como se evidenció en el subregistro realizado para el año 2021 y 2022. Así, la información analizada en las páginas de Alerta AMBER y Protocolo Alba dan cuenta de un número mayor de registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, sobre todo las que tienen que ver con los años recientes (2017-2022)”, agrega el estudio.
Dan recomendaciones a gobernador de Guanajuato
En su documento, presentado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sobre los casos de mujeres desaparecidas en Guanajuato, se hicieron las siguientes recomendaciones al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
- Condenar la desaparición de personas en el estado y reconocer la problemática diferenciada de desaparición de mujeres –de infancias, jóvenes y adultas– a través del reconocimiento público de esta crisis y el compromiso real de prevenir y erradicar este delito.
- Enviar un mensaje contundente a las autoridades estatales, sobre todo a las que se encargan de la seguridad y prevención de violencias; de evitar a toda costa estigmatizar a las víctimas de desaparición, homicidio y feminicidio, así como a sus familias.
- Impulsar un plan de prevención, tratamiento y rehabilitación de consumo problemático de sustancias ilícitas con enfoque de derechos humanos, que venga desde el sistema de salud y ponga en el centro a las personas y sus necesidades.
- Cambiar la estrategia de militarización de la seguridad pública y de uso de la fuerza, y centrarse en políticas sociales que generen cambios estructurales de las violencias que se viven en el estado.
- Realizar mesas de trabajo periódicas con autoridades y familiares de personas desaparecidas con el fin de escuchar a las víctimas y priorizar la política de prevención y atención a las desapariciones, desde un enfoque de infancias, juventudes, género y derechos humanos.
- Comprometerse con el mejoramiento y fortalecimiento de las células municipales de búsqueda desde la presidencia del sistema estatal de búsqueda, brindando recursos financieros, capacitación y garantizando los elementos básicos de apoyo para su correcto funcionamiento.
Contexto violento para mujeres en Guanajuato
Además, las violencias que atraviesan las mujeres empiezan desde antes de la desaparición, pues se encuentran inmersas en los sistemas patriarcales y raciales; éstas van desde las lesiones y abuso sexual previos a la desaparición hasta la forma más extrema de violencia: el feminicidio o intento de feminicidio.
Entre las violencias que viven las víctimas de desaparición y sus familiares, también está la violencia institucional mediante la estigmatización del consumo de sustancias, la criminalización por parte de las autoridades a sus familiares, no buscar de forma inmediata y con presunción de vida, entre otras.
Asimismo, la invisibilización que existe de las violencias que ocurren durante la desaparición es un tema a resaltar, pues pasa de la desaparición al feminicidio sin analizar la importancia de los delitos ocurridos mientras la víctima estuvo ausente, además de la tortura de la que fue objeto. No es casualidad que la mayoría de las víctimas de desaparición y feminicidio sean mujeres empobrecidas, racializadas no blancas, de las periferias de las ciudades y viviendo en un contexto de múltiples violencias estructurales: sociales, familiares y de pareja.
Por último, es importante rescatar la invisibilización de la desaparición forzada de personas en el estado, pues aun y cuando se admitieron diez Acciones Urgentes del CED por la desaparición de doce personas, el estado –y en particular la FGJ– señalan que no existen las desapariciones forzadas ni por acción ni por aquiescencia de las autoridades. Esa postura anula a las familias que han señalado, en reiteradas ocasiones, la participación de elementos de policías municipales, militares o la complicidad de autoridades con los grupos criminales.
Información. Periódico Correo.
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