La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizó la iniciativa para incorporar la Ley 3 de 3 contra la violencia de género en la Constitución.

El objetivo de la propuesta es garantizar que los candidatos que se registren no hayan cometido algún delito.

Representantes del Poder Judicial y diversos organismos autónomos dieron opiniones a favor de la propuesta.

La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar expuso que la propuesta presentada hace un año, busca establecer en la Constitución local los requisitos de elegibilidad de aspirantes a cargos de elección popular.

No podrán ser candidatas las personas condenadas por delitos de violencia de política en razón de género, violencia familiar o sean deudores alimentarios.

Refirió que “una persona que pretenda ser candidata a un puesto de elección popular, estará en un espacio de decisión que le reviste de suma importancia y de responsabilidades y si esta persona llega con antecedentes de violencia hacia las mujeres o hacia las infancias, es evidente que va a constituir un obstáculo en la toma de decisiones”, dijo la diputada.

Agregó que estos cargos se constituyen como modelos a seguir, cargados no solo de los principios de legalidad sino de ética.

La magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ruth Alejandra Yáñez Trejo, mencionó que la propuesta de la bancada feminista representa una estrategia legislativa que tiene como convicción que las personas que ocupen los cargos públicos como gobernador, diputados y presidentes municipales, sean personas con conductas dirigidas hacia los valores de respecto a los derechos fundamentales.

Van contra la violencia de género

Dijo que si bien la iniciativa surge de una mirada feminista no goza enteramente de naturaleza femenina, sino que atiende la transversalidad de la perspectiva de género.

En la mesa de trabajo participaron representantes del gobierno del Estado, así como del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), del Tribunal Estatal Electoral (TEEG), y del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG).

Al término de la reunión, la presidenta Susana Bermúdez Cano dijo que por el momento no se instruirá la elaboración de un dictamen, pues cada una de las opiniones dadas serán analizada para ver si es viable la modificación constitucional o en la Ley de Procedimientos Electorales, ello derivado de las iniciativas presentadas por la bancada feminista.

“Coincidimos todos en el objeto de la misma, creemos que es una norma necesaria, habrá que ver la cifra en el Estado de Guanajuato de aquellos que son deudores alimentarios, es importante, aquí es el rango constitucional pero también existe una iniciativa presentada en una ley secundaria en Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato donde habrá que valorar en donde quedan estos requisitos y qué tanto alcance le podemos dar”, señaló.

Información. Periódico Correo.