El Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal para sancionar a quien promueva la conformación de asentamientos humanos irregulares.

La modificación contempla sanciones de 3 a 9 años de prisión y de cien a mil días de multa a quien promueva, induzca o aliente la formación o el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, o al que enajene o se comprometa a enajenar en forma lotificada un inmueble, propio o ajeno, con o sin construcciones y sin el previo permiso de las autoridades competentes, o cuando existiendo este no se hayan satisfecho sus requisitos.

Asimismo, se consideraron agravantes cuando quienes cometan estas conductas sean servidores públicos, por lo que las penas se aumentarán de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, aunado a que se le destituirá del empleo o cargo y se les inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cualquier función pública.

Reforma surge de iniciativas de Morena y el PAN

La modificación se deriva de dos iniciativas presentadas en la materia por el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo y la fracción de Acción Nacional. 

Por su parte, el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim, refirió que los servidores públicos cuentan con información privilegiada y acceso a documentos, por lo que cualquier acto que cometan respecto a incentivar o vender un asentamiento irregular, es reprochable. 

Por lo que dijo que con esta reforma, se deja claro que no cesarán en impulsar modificaciones que inhiban actos de especulación de la administración del suelo. 

Ernesto Prieto mencionó que las reformas fortalecen la actuación del Estado en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico.

Dijo que el problema de fraccionamientos irregulares es creciente y permanente en la entidad y quienes promueven estos asentamientos trabajan bajo la figura de asociaciones civiles solo para presionar a la autoridad municipal.

Información. Periódico Correo.