El muro de opacidad en la Cofepris.

Estratégica en la pandemia de COVID-19 por su facultad para la aprobación de medicamentos y señalada de corrupción por su propio titular, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantiene velos de opacidad sobre aspectos cruciales de su historia y su desempeño actual.

En el primer semestre de 2022, el organismo regulador registró nueve mil 473 expedientes reservados, lo que lo posicionó como la tercera institución de la administración pública centralizada con menos acceso a la información ante los ciudadanos. La superaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 16 mil 570 carpetas en el primer sitio y Prevención y Readaptación Social con 15 mil 894 en el segundo.

El Índice de Expedientes Clasificados como Reservados expone que la administración pública centralizada en la que están 102 dependencias tiene 60 mil 66 expedientes reservados. De ese cúmulo de asuntos puestos bajo las sombras, la Cofepris contribuye con poco más del 15 por ciento.

Ese muro ante el acceso a la información se fortifica con las negativas a responder mediante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) argumentando inexistencia o confidencialidad de los asuntos solicitados.

La opacidad se fortifica con las negativas a responder mediante el INAI, argumentando de manera constante la inexistencia o confidencialidad de los asuntos solicitados.

En lo que va de este año, 694 quejas por falta de respuesta han sido turnadas al instituto, de acuerdo con la ponencia de la comisionada Julieta del Río Venegas.

Se trata de un panorama que creció de un año a otro. En 2021, la Cofepris fue el organismo con más respuestas revocadas por el pleno del INAI: reunió 245 en total; es decir, el 35.3 por ciento de los recursos registrados.

Así, los ciudadanos están impedidos de conocer partes del pasado turbio al que se refirió en la conferencia mañanera del 7 de junio de 2022, el titular de la Cofepris, Alejandro Svarch Pérez.

En esa ocasión, ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario expuso que antes de su administración predominaron “intereses particulares, mal manejo administrativo, discrecionalidad en los procesos y gestores o coyotes”.

Tampoco puede saberse de cientos de autorizaciones sanitarias otorgadas a partir de 2020 –el año de la pandemia–, reportes sobre medicina contaminada, los vehículos que la institución ha arrendado, el control de su propio parque vehicular, incidentes adversos graves detectados en medicamentos o del Sistema Nacional de Transfusión Sanguínea.

Pasado turbio en la Cofepris

El 30 de septiembre de 2021, elementos de la Secretaría de Marina, irrumpieron en las instalaciones de la Cofepris en la Ciudad de México.

Su objetivo era deshacer una red de corrupción tendida dentro del organismo regulatorio durante dos décadas.

El entramado empezó a formarse casi tan pronto nació la comisión, el 5 de julio de 2001. Veinte años después, 32 funcionarios fueron detenidos y reemplazados por elementos de la Unidad de Inteligencia Naval.

Ese pasaje no fue público hasta que Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, reconoció en una comparecencia ante el Senado que fue “necesario” detener a los funcionarios ante una estructura de corrupción en la que se otorgaban permisos de importación de manera discrecional.

El 7 de junio de 2022, en la conferencia mañanera, Alejandro Svarch Pérez, titular del organismo, describió la operación.

Sostuvo que se trató de “un movimiento de inteligencia y precisión” para desmantelar “estructuras criminales”.

Según el comisionado, en la Cofepris, los trabajadores crearon monopolios fuera del marco jurídico que privilegiaban al “mejor postor”.

Svarch Pérez, médico que en ese momento cumplía cuatro meses en el cargo, exclamó: 

“O pagabas o tu solicitud estaba condenada al olvido. Se aseguraban ganancias multimillonarias por la falta de competencia en el mercado”, Alejandro Svarch Pérez Titular de la Cofepris.

Reconstruir ese pasado turbio resulta complicado. Las reservas se interponen. Apegado a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del organismo tiene bajo reserva hasta febrero de 2023, las faltas al Código de Conducta y reglas de integridad cometidas antes de 2018.

De la década anterior, destaca también la reserva que tiene la investigación que inició la Cofepris de la compra de supuestas quimioterapias y pruebas de VIH falsas por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). El asunto fue clasificado en 2018 con un plazo que vencerá el 5 de noviembre de 2023 (Expediente R-DEDS/1-2018-49).

Clasificado hasta 2024 se encuentra también lo referente al país de origen de los interesados en obtener registros sanitarios en 2014 (Oficio CAS/3/OR/7257/2014).

La inercia de la opacidad se impuso en el organismo con asuntos como el relacionado con el producto INHEPAR 5000 UI/mL (Heparina Sódica) cuyo suministro mató a cinco personas en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, en marzo de 2020.

Tras la tragedia, la Cofepris emitió una alerta para que hospitales, farmacias, puntos de venta y profesionales de la salud inmovilizaran el medicamento con fecha de caducidad para enero de 2021. El organismo le pidió a los farmacéuticos que le notificaran de sus acciones.

Si recibió notificaciones no puede saberse. Y si las tuvo, no puede conocerse el número y mucho menos los remitentes. Con el argumento de que la revelación de esa información puede obstruir las actividades de verificación, la Cofepris le puso una reserva hasta 2025.

Información. Reporte Indigo.

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