Alcalde de San Diego de la Unión ofrecerá disculpa pública por violentar a regidora.

El alcalde Juan Carlos Castillo Cantero cometió actos de violencia contra una regidora. Estos atentaron en contra de su integridad física y honra, así lo consideró la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg).

Por lo anterior, el presidente municipal tendrá que pedir una disculpa pública institucional, en su mensaje deberá rechazar enérgicamente las conductas de agresión contra las mujeres.

Esto ocurrió en la administración anterior del alcalde 2015-2018, durante una sesión de ayuntamiento. De acuerdo a lo que narra el documento emitido por la procuraduría, el día de los hechos juan Carlos Castillo Cantero se retiró́ sin firmar el acta correspondiente.

“La quejosa tomó los documentos, y se retiró́ del salón de sesiones. Pero regresó perseguida por el presidente municipal, quien trató de quitarle los documentos con actos de violencia, y posteriormente emitió́ públicamente mediante difusión en medios electrónicos juicios de valor negativos en contra de ella”, indica la resolución. 

Castillo Cantero se molestó por petición de la edil

El documento narra que Juan Carlos Castillo Cantero se molestó porque la edil pidió modificar con el orden del día e indicó que solicitó se imprimieran tres tantos del acta de la sesión. Esto a fin de que se le proporcionara un ejemplar. 

Al percatarse que no se asentó́ su petición, solicitó directamente al encargado de la Secretaría del Ayuntamiento que la misma se agregara. Pero el presidente municipal se opuso. También mencionó que cuando hizo esta observación el presidente municipal argumentó que el acta solo era un extracto de lo acontecido en la sesión del Ayuntamiento.

Finalmente, se modificó́ una hoja, lo que generó molestia en el presidente municipal, quien salió́ del salón de cabildos sin firmar el acta. Luego el encargado de la Secretaría del Ayuntamiento informó que el presidente regresaría a firmar el documento, justo después de clausurar la feria municipal. 

Regidora y alcalde forcejearon por el acta

La quejosa mencionó que optó por tomar dos tantos del acta y una copia de la Ley de Ingresos que estaban frente a ella. Asimismo, le comentó al encargado de la Secretaría del Ayuntamiento que los resguardaría hasta recibir los documentos firmados.

Juan Carlos Castillo Cantero

Después salió hasta el umbral de la Presidencia Municipal y observó al presidente en el estacionamiento, y le avisó al encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para que recabara su firma.

Sin embargo, hizo caso omiso. La edil dijo que volvió a la entrada de la presidencia y vio que el alcalde se dirigía a ella. Con molestia y con la voz elevada le pidió que entregara los documentos. La quejosa le preguntó al presidente si los firmaría, a lo que, alterado, el presidente municipal insistió́ en su petición.

Luego le dijo que si no los entrababa la iba a acusar de sustracción de documentos. Ella narró que empezó a caminar hacia atrás, mientras el presidente municipal intentaba quitarle los papeles.

“Al llegar a la puerta del salón de cabildos su cuerpo pegó con una de las puertas, dio vuelta e ingresó corriendo al salón, al tiempo que el presidente se aproximó́ tratando de alcanzarla hasta la cabecera de la mesa del recinto. Y manoteaba en su intento por quitarle los documentos. Indicó también, que llegó hasta la silla de la cabecera de la mesa en la cual se recargó. Y frente a ella seguía el presidente municipal a quien le pedía desistiera de su acción. En ese momento hubo un forcejeo entre ella y el alcalde”, dice el documento.

Juan Carlos Castillo la exhibe en redes sociales

Luego del incidente la regidora puso una denuncia. Mientras el alcalde subió un video a su red social. En este mencionó el nombre y cargo de la regidora e incluyó juicios de valor en su contra.

Juan Carlos Castillo Cantero Foto: Roberto López

A través de oficios, Juan Carlos Castillo Cantero aceptó que en dicha sesión del Ayuntamiento manifestó su inconformidad por la solicitud cambio en el orden del día. Al igual que por la sustracción de documentación oficial, sin autorización legal. Precisó que ante las observaciones para modificar el acta se generó una discusión. Aunque dijo que no implicó una falta de respeto o violación a derechos humanos. 

Mencionó que la quejosa caminó sobre la plaza principal con los originales de los documentos oficiales y que la cuestionó al respecto. Aseguró que cuando le dijo infringía la ley, ella amenazó con llevárselos. Y dijo que después de unos momentos aventó́ algunos sobre un escritorio.  Además, Castillo Cantero negó los empujones, manoteo y la agresión física o verbal contra la quejosa.

Prodheg confirma empujones contra la edil

La regidora solicitó un procedimiento de conciliación, pero el presidente lo rechazó. Quién además aseguró que el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ha sido un tema de gran importancia y trascendencia para su entonces administración. Sin embargo, no podía aceptar las imputaciones que se le hicieron porque no eran ciertas. 

La Prodheg entrevistó a otros integrantes del ayuntamiento, quienes confirmaron que de parte del alcalde sí hubo manotazos, empujones y persecución, en contra de la quejosa, la cual incluso gritó ante las agresiones. También acreditó que el presidente municipal, “efectuó actos tendientes a violentar el derecho de la regidora a una vida libre de violencia”.

El alcalde tendrá que ofrecer una disculpa pública

Por lo anterior, el presidente municipal tendrá que pedir una disculpa pública institucional, en su mensaje deberá rechazar enérgicamente las conductas de agresión contra las mujeres y a cualquier persona que trabaje en la administración pública municipal.

Además, deberá instruir a la instancia competente que inicie el procedimiento administrativo que corresponda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia, para determinar la responsabilidad administrativa de Juan Carlos Castillo Cantero como presidente municipal en el periodo 2015-2018 .

También, el municipio debe ofrecer atención psicosocial a la afectada. La resolución tiene fecha 30 de agosto de 2022 y el alcalde tiene 15 días hábiles para presentar pruebas que acrediten su cumplimiento.

Información. Periódico Correo.

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