Familiares de cuatro de los cinco trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento de aguas residuales del SAPAL dijeron estar satisfechos con los acuerdos alcanzados con el Municipio, aunque resaltaron que aún queda pendiente la disculpa pública y la pluralidad en la conformación del Consejo Directivo de la paramunicipal. 

Víctor Briseño Rangel, papá de uno de los empleados muertos en el accidente ocurrido en noviembre del 2020, dijo que al exalcalde Héctor López Santillana debería darle vergüenza ver cómo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez hizo lo que él no quiso: reconocer el problema, tratarlos con dignidad, homenajear a los fallecidos y agilizar la reparación del daño. 

Sin embargo, indicó que todavía falta que el SAPAL y su director, Enrique de Haro, les ofrezcan una disculpa pública. 

En tanto, Gustavo Lozano, dirigente de la asociación Acción Colectiva, que dio acompañamiento a los deudos de los fallecidos, enlistó los acuerdos alcanzados entre ambas partes para que los familiares retiraran las demandas civiles y denuncias penales que interpusieron contra SAPAL y el Ayuntamiento. 

El primero fue un arreglo económico, del cual por acuerdo de ambas partes, no se revelarán detalles; apoyo psicológico para los familiares costeado por la paramunicipal, una beca escolar para el hijo de Jesús Silva Zúñiga, así como reconocer que el SAPAL cometió un error y una disculpa pública. 

Además, entre las medidas de no repetición, solicitaron que los trabajadores del módulo de desbaste cuenten con la adecuada capacitación, equipo de trabajo y debe hacerse un plan de ordenamiento de la industria curtidora, vigilado por un comité ciudadano ajeno al consejo directivo del SAPAL. 

Los familiares y Gustavo Lozano reconocieron la disposición de Alejandra Gutiérrez para destrabar este proceso legal, pero también advirtieron que la conformación del consejo directivo del SAPAL siguió la misma línea de siempre, priorizando a las cámara empresariales, y a pesar de que por reglamento debería haber un integrante de una organización civil especializada en el derecho al agua, quien ocupará este lugar es Juan Ignacio Martín Solís, postulado por la Asociación Mexicana de Hidráulica, que nada tiene que ver con la defensa del derecho al agua. 

Información. Fernando Velázquez.

Foto. Periódico Correo.