A más de un año de que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitiera una serie de recomendaciones tras el homicidio del migrante Leonardo Reyes Cayente a manos de policías estatales, sus familiares no han obtenido una reparación integral del daño. 

Así lo informó Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, quien, junto con representantes de víctimas de otros casos, sostuvo una reunión con el ombudsperson Vicente Esqueda Méndez. 

Raymundo Sandoval añadió que también le expusieron a Vicente Esqueda una serie de inconsistencias y omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía de Guanajuato al investigar la desaparición forzada de Pablo Núñez, empresario de San Francisco del Rincón. 

Aseguró que la FGE carece de un plan de búsqueda e investigación sobre este tema, el cual, afirmó, ya fue admitido en acciones urgentes por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. 

En las oficinas de la Prodheg estuvo también Laura Díaz Infante, quien afirma que su esposo, Jorge González Topete, fue asesinado, pero la Fiscalía, de manera abrupta, concluyó que se suicidó. 

Ella presentó una queja contra la Fiscalía local por haberle retirado la calidad de víctima indirecta, decisión que fue suspendida de forma provisional luego de que Laura presentara un amparo. 

Información. Fernando Velázquez.

Foto. Zona Franca.