Gastaron más de 8 mdp en liquidaciones ‘dudosas’ en el municipio de Moroleón.

Integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en sesión de Ayuntamiento, evidenciaron que a ex trabajadores de la administración 2018-2021, se les otorgaron liquidaciones económicas y prestaciones ‘extralegales’ en demasía y no autorizadas, que suman 8 millones 725 mil 927.41 pesos, afectando gravemente las finanzas y la operación de la administración 2021-2024.

Arturo Guzmán, regidor presidente de la comisión, fue el encargado de dar a conocer el resultado del análisis del informe de entrega recepción, quien destacó que el gasto ejercido mencionado, además, no está presupuestado por un concepto de la liquidación de 81 funcionarios de la administración pública 2018-2021.

Subrayó que dicho personal, por la naturaleza de las actividades que realizaban como dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, establecidas y descritas en la Ley Federal del Trabajo, en correlación a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios, tenía una categoría de confianza al tener cargos de dirección y mando.

“Es del conocimiento que, de acuerdo a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la administración pública municipal será de tres años en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, al concluir dicha administración 2018-2021, a su vez concluían el término de los nombramientos de los empleados bajo esta categoría de confianza, sin responsabilidad para las partes, tal y como lo establece la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado”.

Precisó que, considerando lo anterior, no existe un despido injustificado como para haberse otorgado dichas prestaciones extralegales:

“La Ley nos indica quienes tienen derecho a las prestaciones laborales como es la prima de antigüedad, que se encuentra regulada y se establece que los trabajadores de base tienen derecho a una prima de antigüedad y que la misma se pagará en los casos que termine la relación laboral siempre y cuando hayan cumplido 10 años en el servicio. Se infringieron preceptos legales al no entrar sus liquidaciones en los supuestos que nos marca la ley de la materia, generando así presuntamente un daño al erario público por un monto 8 millones 725 mil 927.41, pesos, y, reiteró, dicha cantidad no estaba en el presupuesto del ejercicio fiscal 2021”.

Explicó que, para realizar las liquidaciones en mención, el Ayuntamiento pasado autorizó recursos de otras partidas presupuestarias, afectando la operación del ayuntamiento para el último trimestre del año 2021 y la feria de Moroleón a realzarse en enero del 2022.

Se dejo deuda pública por más de 2.5mdp

En otro de los puntos, advirtió que también existen irregularidades en diversas dependencias por consumo de combustible; poco más de 1.2mdp, ya que no hay congruencia entre el consumo reportado, el kilometraje recorrido, y las unidades adscritas a la dependencia: “Protección Civil por ejemplo, tiene 7 unidades y solo una funciona y tiene un gasto considerable”.

Agregó que en diferentes dependencias se tiene una deuda de casi 1.3 mdp, erogaciones de recursos económicos que no coinciden “en lo absoluto” a lo reportado por la pasada administración, denotándose el dolo y la mala fe en su actuar, al ocultar dicha información, por tal virtud no se cuenta con la solvencia económica para sufragar dichas deudas públicas; 2 millones 514 mil 4118 pesos.

Falsedad en cuentas bancarias

El regidor abundó que, en la revisión de la situación financiera de la administración, detectaron que en las diferentes cuentas bancarias, se encontró falsedad en la información presentada y entregada, toda vez que los montos económicos que se establecieron, se tenían en las cuentas bancarias, no correspondieron a las cantidades reales con las que se empezó a operar en la actual administración.

“No existe un soporte cantidad que compruebe y justifique el gasto ejercido de las diferencias de recursos que había en las diferentes cuentas bancarias”.

Entre otras observaciones, por unanimidad los integrantes del cabildo, acordaron analizar a fondo dicho informe de resultados y al concluir, dentro de los 15 días hábiles que tienen de Ley, turnar al Congreso del Estado y Auditoria Superior del Estado, para que se deslinden las responsabilidades que haya lugar.

Información. Periódico Correo.

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