Buscan víctimas que ONU corrija rumbo de la FGE.

Víctimas expusieron en la manera en cómo la Fiscalía General de Guanajuato inventa pruebas, maquilla cifras sobre fosas clandestinas y encubre a otras autoridades o políticos, por lo cual buscan que Naciones Unidas emitan recomendaciones sobre su independencia y malas prácticas. 

En conferencia de prensa en Ciudad de México, Norma Patricia Barrón Núñez, del colectivo “Una luz en mi camino”, narró cómo su esposo y su hijo fueron secuestrados el 01 de junio del 2019, y a pesar de haber pagado un millón de pesos de rescate, todavía no sabe nada de ellos. 

La Fiscalía local le prometió dar con el paradero de sus familiares, pero poco más de dos años después, todavía no le han informado nada y más bien cuestionan si las víctimas tenían algún vínculo con la comercialización de droga.  

Explicó que, ante la inacción de la autoridad, ella comenzó a costear su propia investigación y logró descubrir que los responsables eran una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Irapuato; incluso logró dar con el nombre de algunos de sus integrantes, direcciones, apodos, y otros datos. 

A partir de eso, la Fiscalía del Estado obtuvo una orden de aprehensión contra uno de los presuntos responsables, y el juicio comienza el 27 de diciembre. En tanto, en la Fiscalía General de la República Norma Patricia presentó una denuncia por delincuencia organizada que ha derivado en dos órdenes de aprehensión, por lo que, según dijo, faltaría solo ordenar la aprehensión de un responsable más. 

Sin embargo, subrayó que la Fiscalía local miente al informarle a los colectivos sobre el hallazgo de fosas clandestinas y la cantidad de cuerpos que son hallados en ellas. 

Asimismo, lamentó que la Comisión Estatal de Búsqueda no cuente con personal suficiente parra hacer búsquedas en los cerca de 326 puntos que los colectivos tienen detectados como sitios donde posiblemente haya cuerpos enterrados, por lo que son los familiares quienes realizan esta tarea de forma independiente. 

En la conferencia de prensa también estuvo presente Laura Elena Díaz Infante González, quien afirma que su esposo, Jorge González Topete, fue asesinado, pero la Fiscalía, de manera abrupta, concluyó que se suicidó. 

Por ello, interpuso una demanda en la propia FGE contra el fiscal Carlos Zamarripa por daño moral y reparación integral del daño, la cual lleva dos años sin avanzar. 

También participó María José Velázquez Navarro, una de las dos presuntas víctimas de violación por parte del diputado federal electo del PAN, Jorge Romero, quien acusó violencia institucional e “influyentismo” para beneficiar al panista y que su caso quede impune. 

Por lo anterior, Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, refirió que se reunirán con personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

El objetivo, agregó, es solicitarle que envíe un comunicación  al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas , Diego García-Sayán, para que emita recomendaciones sobre la situación de impunidad en Guanajuato y cómo mejorar la independencia de la FGE, lo cual sirva también para que el Estado mexicano se comprometa a combatir sus malas prácticas. 

Información. Fernando Velázquez.

Foto. Periódico Correo.

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