FGR ve en científicos un riesgo a la seguridad de prisiones.

En su acusación contra los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó, al solicitar en dos ocasiones a un juez federal órdenes de captura, que este grupo puede ser un riesgo para la seguridad de prisiones, que lo integran corruptos que pueden corromper al personal penitenciario y que, con ayuda de la “organización criminal que conforman”, podrían darse a la fuga.

Por ello, para los 20 hombres señalados, solicitó su internamiento en el penal de El Altiplano, y las 11 mujeres acusadas solicitó el Centro Federal de Readaptación Social CPS 16 Femenil de Morelos, pues, apuntó, no podrían ser internadas en un penal local, sino que deberán permanecer en uno federal y que el más cercano es el morelense.

Argumentó que se atribuye a los imputados la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero, con el que pudieran realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o poner en peligro la seguridad de las prisiones, por tener medios para tener trato diferenciado, afirmó la FGR en la petición de órdenes de captura presentada el 24 de agosto, la cual le fue negada por el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia de Almoloya.

La FGR busca imputar a los integrantes de la comunidad científica los delitos de peculado, ‘lavado’ de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como delincuencia organizada.

La acusación derivó de la denuncia presentada por la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, por supuestas transferencias ilegales por más de 20 millones de pesos de dicho organismo al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, asociación civil que a su consideración fue constituida ilícitamente.

Al judicializar la carpeta de investigación, la FGR ha recibido en dos ocasiones resoluciones negativas sobre las peticiones de órdenes de captura contra los señalados.

El 22 de septiembre, el juez Salazar consideró que no hay delito que perseguir porque ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la transferencia de recursos del Conacyt al Foro no fue ilegal. De los delitos que la FGR pretende imputar, las penas máximas previstas en la ley para éstos suman hasta 81 años de prisión. Únicamente delincuencia organizada merece prisión preventiva de oficio.

La FGR busca imputar a cuatro de los 31 científicos y exfuncionarios el delito de peculado, que prevé pena máxima de 14 años de prisión. Se trata de Enrique Cabrero, exdirector General del Conacyt; Julia Tagüeña, excoordinadora del foro; David García Junco Machado y Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.

Por uso ilícito de atribuciones y facultades están señaladas 24 personas, por autorizar indebidamente las transferencias, y a cinco más, por solicitar dichas operaciones. Este delito prevé penas de hasta 12 años de prisión.

Para gasto 220 mdp

La FGR señaló que los más de 220 millones de pesos que el Conacyt entregó a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C, creada en la administración de Enrique Cabrero Mendoza, y que derivó en la denuncia contra 31 científicos, fueron utilizados en gasto corriente y no para financiar proyectos y apoyos a investigadores.

Información. Periódico Correo.

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