Arturo Zaldívar, el ministro rebelde consentido.

Con la reforma que le permite permanecer al frente de la Suprema Corte de Justicia dos años más de lo que dicta la Constitución, Arturo Zaldívar pasó de ser el ministro rebelde del Máximo Tribunal, incómodo para el titular del Ejecutivo federal en turno, al hombre de confianza, el consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zaldívar llegó a la Suprema Corte en 2009, elegido de una terna enviada por Felipe Calderón. Defendiendo la autonomía del Poder Judicial, encabezó la investigación del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que arrojó como responsables a 20 funcionarios del Gobierno federal, del estatal que encabezaba Eduardo Bours y del municipal a cargo de Ernesto Gándara.

Manteniendo esta posición, también dio un revés al gobierno de Enrique Peña Nieto al declararse la nulidad, en 2018, de la Ley de Seguridad Interior aprobada en 2017. Zaldívar se posicionó diciendo que la norma era un “fraude a la Constitución” al intentar normar la seguridad pública dentro de las tareas que comprende el marco jurídico de las Fuerzas Armadas.

Al asumir la presidencia de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar se volvió el mediador entre las presiones externas y las posturas internas del Poder Judicial.

“Tiene los elementos que podríamos decir son compatibles, no con una posición progresista, yo lo diría en términos del Poder Judicial, compatible con la Constitución y la forma más actualizada de interpretar la Constitución y los derechos humanos. Creo que es, además, un perfil de ministro que debería ser para estos tiempos”, evalúa el defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof.

También cosechó una reputación como el ministro progresista de la Suprema Corte. Dado que, durante los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto, votó en favor de declarar constitucional la reforma por la que el Distrito Federal reconoció los enlaces entre personas del mismo sexo en 2010. Tras esto, impulsó la jurisprudencia de 2015 para que ningún estado los pueda prohibir.

En 2015 propuso, sin éxito ante el pleno de la Suprema Corte, declarar inconstitucional la criminalización de mujeres que deciden abortar. Respaldó los amparos para el consumo lúdico de la mariguana y la sentencia con la que se liberó a Florence Cassez debido al montaje televisivo del que fue víctima.

“Ha sido objeto de crítica, por ejemplo, porque se reúne con algunos personajes de la izquierda mexicana. Lo que no se difunde es que se reúne con las organizaciones de la sociedad civil más críticas del gobierno (de López Obrador), se reúne incluso con políticos del PAN. Es decir, es un personaje abierto a la sociedad. Cabe decir que eso es lo que se requiere en esta instancia”, agrega Robles Maloof sobre Zaldívar.

Los primeros desacuerdos con Zaldívar

Luego de la llegada de López Obrador a Palacio Nacional en diciembre de 2018 y de sus primeros desencuentros con el Poder Judicial debido a los salarios de los ministros, Zaldívar fue elegido presidente de la Suprema Corte. Adoptando la misión de combatir la corrupción, para lo que incluso, en mayo de 2019, aceptó trabajar con el Gobierno federal para evaluar y en su caso sancionar a jueces, magistrados y ministros.

El punto máximo de esta colaboración fue la renuncia de Eduardo Tomás Medina-Mora, procurador de Calderón Hinojosa y embajador de Peña Nieto en Estados Unidos, en octubre de 2019, tras apenas cuatro años como ministro. Esto luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación en su contra por el delito de lavado de dinero.

“Hay una función que es exclusiva del presidente de la Corte, que es ser presidente del Consejo de la Judicatura y ser el representante de todo el Poder Judicial de la Federación frente a los otros Poderes. Si es normal, o deseable, que haya interlocución institucional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a través de sus respectivas cabezas”, analiza Javier Martín Reyes, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

En esta limpieza del Poder Judicial se han revisado la actuación de jueces como Samuel Ventura Ramos, quien en septiembre de 2019 ordenó liberar a 77 presuntos implicados en el caso Iguala. Pero también ha habido roces, como el que surgió por los amparos y suspensiones otorgados por Juan Pablo Gómez Fierro a la Ley de la Industria Eléctrica y, apenas esta semana, al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Zaldívar no ha actuado como el INE haciendo una defensa firme, contundente de la institución y sus decisiones, pero tampoco está completamente rendido al presidente, como sería el caso del Tribunal Electoral.

“Ha tratado de seguir una estrategia de contención y de colaboración con el presidente, con Morena y las mayorías parlamentarias que lo que ha generado son costos también altos”, considera Reyes.

El punto alto de la cooperación

La cooperación entre Zaldívar y López Obrador también dio pie, en febrero de 2020, a la reforma al Poder Judicial, la cual incluso presentaron juntos en una conferencia mañanera. Como parte de la serie de iniciativas impulsadas en el Legislativo se presentó el transitorio que, sin que éste lo haya solicitado, amplía el mandato del ministro presidente hasta 2024, dos años más de lo que establece la Constitución. Esto bajo el argumento de que implementará estas modificaciones.

Ante las críticas que esta modificación ha generado, el primer mandatario no solo ha defendido que se trata de una medida constitucional, pese a contradecir a la Constitución, sino que argumenta que, de no ser Zaldívar quien implemente la reforma, terminará siendo “más de los mismo”. Pese a que López Obrador ha nombrado a otros tres ministros de la Suprema Corte en poco más de dos años de administración.

“El ministro lo que ha hecho es ganarse la confianza de López Obrador, pero eso tiene aparejado un costo muy alto, tomar decisiones donde la Corte decide más con criterios políticos que con criterios jurídicos. El mejor ejemplo de esto es la consulta popular (sobre enjuiciar a expresidentes) que presentó el presidente López Obrador”, agrega Reyes.

Respecto al respaldo público de López Obrador, Robles Maloof concluye diciendo que:

El espaldarazo es correcto, pero quizá lo que debemos procurar es más perfiles como el ministro Zaldívar en lugar de tratar de extender, desde algún punto de vista irregular, su mandato. Fuera de que no lo ha requerido él ni la institución, podría ser perjudicial, Jesús Robles Maloof Defensor de Derechos Humanos.

Información. Reporte Indigo.

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