El obligar a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar sus datos biométricos al Gobierno federal no disminuirá los delitos que se pretenden combatir, y solo derivará en un incremento de fraudes electrónicos, principalmente bancarios. 

Así lo advirtió Hugo Navarro Espínola, doctor en proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones y exdirector del área de tecnologías de la información del Gobierno de Guanajuato. 

De entrada subrayó que aunque la intención de recabar estos datos sea pretender disminuir las extorsiones telefónicas o los secuestros, eso no justifica en absoluto obligar a los usuarios a otorgarlos. 

Apuntó que tarde o temprano, los datos biométricos -que pueden ir desde huellas dactilares, identificación de voz, reconocimiento fácil o el escaneo de iris- terminarán en el mercado negro. 

El problema, añadió, es que con ellos se pueden realizar transacciones bancarias en aplicaciones o sitios de internet, lo cual dejará en estado de indefensión a sus clientes en caso de que se realicen transferencias de dinero o compras con sus datos biométricos. 

Además, el consultor en temas de ciberseguridad adelantó que esta medida no ayudará a reducir los crímenes referidos. 

Añadió que la alternativa que queda es ampararse ante esta disposición, la cual, reiteró, es desproporcional y vulnera la privacidad de la ciudadanía. 

De acuerdo con la reforma promovida por Morena, los usuarios de celulares tendrán que dar su nombre, dirección, nacionalidad, número de credencial de elector y datos biométricos -que aún no se definen-, a las compañías de telefonía, las cuales a su vez los compartirán con el IFT. 

Información. Fernando Velázquez.

Foto. Periódico Correo.