La batalla por el precio del gas LP, robo y monopolio.

Aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que continúa la tendencia a la baja en el precio del gas LP, la realidad es otra.

En días recientes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) reveló que comenzó a investigar las prácticas monopólicas en el mercado del gas en todo el país y es que de acuerdo con especialistas, uno de los factores clave para que aumente el precio del gas es la concentración de la oferta.

Otro de los factores que incrementa el valor del gas y sangra el bolsillo de los ciudadanos es el robo y venta ilegal del producto.

El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que tras cerrarles el ducto de la gasolina, los huachicoleros pasaron al robo del gas LP.

“Del robo de gasolinas se pasaron al robo de gas, pero ya estamos enfrentado este tipo de ilícito, y también lo del contrabando de gasolinas”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador insistió en que su compromiso era no aumentar el precio real de los combustibles, incluido el gas LP.

“Nosotros tenemos el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles, incluido el gas, esto es gasolina, diesel, la luz, en términos reales, es decir, que no aumenten por encima de la inflación y es una recomendación constante de la presidencia hacia Hacienda y hacia Pemex”, agregó López Obrador.

Un día anterior a las declaraciones del presidente, la nueva titular de la Profeco, Berenice Romero Domínguez, informó que las marcas que venden más caro el gas LP en su versión estacionario son Gas Flamaazul, en Ciudad de México, a 14.99 pesos por litro; Gas Tomza de Yucatan, en Quintana Roo, a 14.24 pesos por litro; y Gas Mundial, en Guerrero, a 14.20 pesos por litro.

Mientras que el gas LP en la presentación de cilindro, las marcas más caras son Servigas del Valle, en Ciudad de México, a 27.74 pesos por kilo; Gas Tomza de Yucatan, en Quintana Roo, a 26.37 pesos por kilo; y Gas Imperial, en Guerrero, a 26.11 pesos por kilo.

“En los precios promedio diario del gas LP al 30 de marzo, tenemos que el gas en cilindro sigue descendiendo al promediar 23.28 pesos por kilo, mientras que el gas estacionario también disminuyó quedando en un precio promedio de 12.46 pesos por litro”, dijo la funcionaria pública.

A inicios de año, el 4 de enero, la misma Profeco, en otra de las conferencias matutinas, señaló que el promedio del precio de gas LP vendido por cilindro era de 18.45 pesos por kilo, lo que representa un incremento de más del 26 por ciento.

A finales de marzo, el precio promedio del gas LP llegó hasta los 26.20 pesos por kilo, un incremento del 42.02 por ciento desde el inicio del año.

En 2017, por orden de la reforma energética de 2014, se liberó por completo el precio del gas LP. A partir de esa fecha, el precio no ha parado de subir, pese a advertencias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de que el mercado estaba concentrado en muy pocas empresas y que esas prácticas provocarían la volatilidad en los costos para los usuarios.

Después de cuatro años de recomendaciones, pugnas y peticiones de la CRE, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación al mercado del gas LP, aunque no ha podido comprobar las prácticas monopólicas absolutas.

La investigación de la Cofece se centró principalmente en ochos grupos empresariales, o familias, que concentran la mayor parte del mercado y por lo mismo fijan los precios del producto.

Para simular sus prácticas, dichos grupos, mediante una red de representantes ‘fragmentan’ artificialmente el mercado para simular competencia.

Ejemplo de esto es lo que ha padecido la empresa sonorense de gas Blue Propane en su búsqueda por entrar al mercado de Tijuana, Baja California.

Durante cinco años han luchado para poder vender su producto, pero una sobreregulación, modificaciones de leyes a modo por parte del Congreso del estado y de autoridades municipales ha provocado que sea casi imposible entrar.Entre los obstáculos que han intentado esquivar se encuentran la falta de aprobación de la obra civil de su planta, una campaña de desprestigio por parte de las autoridades, llamadas anónimas y la suspensión de la autorización de uso de suelo de estaciones de carburación de gas LP, que actualmente se encuentra concentradas en Zeta Gas y Silza Gas.

Al respecto, Marco Ernesto Téllez Estrada, abogado de Blue Propane comenta que incluso las autoridades están coludidas con dichos grupos empresariales.

“Si te pones a ver quienes son los dueños de esas empresas (de gas LP) te das cuenta de que es la misma familia, la misma familia es quien tiene el poder de la venta y distribución de hidrocarburos. Esto provoca los monopolios y que el precio del gas se eleve.

El problema es que no hay competidores y los competidores que llegan son truncados por la autoridad que se mueve por interés a favor de las personas que tienen el control, Marco Ernesto Téllez Estrada Abogado de Blue Propane.

‘Huachigaseo’: robo de gas LP en aumento

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), en los últimos 20 años se han detectado en el país 85 mil 529 tomas clandestinas, de las cuales el 59 por ciento se han realizado en los últimos tres años.

Amexgas además reveló que la cantidad robada es tan grande que sería suficiente para abastecer la necesidad de la demanda de los países de Colombia y Ecuador juntos. El daño patrimonial a Pemex sería de 30 mil millones de pesos al año.

Solo durante el año pasado, se detectaron, en promedio, 64 tomas clandestinas diarias en ductos de Pemex de gas LP. En 2019, el promedio fue de 35 tomas clandestinas diarias.

Además de la ofensiva del presidente, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo de la senadora Indira de Jesús Robles para exhortar a los tres niveles de gobierno a combatir el robo de gas LP.

La legisladora argumentó que de las 750 mil toneladas mensuales de gas LP que se venden, al menos 14 por ciento son robadas.

Los focos rojos se encuentran en diez estados: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, de acuerdo a la gravedad que presentan

“La estrategia de seguridad federal y estatal no ha funcionado. La gravedad del asunto exige verdadera coordinación entre todos los órdenes de Gobierno para generar un plan efectivo de combate y prevención de este delito.

“Es preocupante porque este reflejo de la inseguridad que se vive en nuestro país afecta directamente a nuestras familias por el incremento de los precios derivado del robo. Hay un riesgo muy grande también para los consumidores. Urgen acciones para frenar esta situación”, acusó.

Información. Reporte Indigo.

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