Los polémicos contratos que Calderón y García Luna entregaron en ocho prisiones: adjudicación directa, a 20 años y por miles de millones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios, un proceso que comenzó en el 2010, cuando se desarrollaba el sexenio de Felipe Calderón y aún estaba en funciones Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el gasto anual que se ha pagado en “estos últimos nueve años es de un total de 75,661 millones de pesos y es correspondiente a solamente 36% del pago total” de la deuda.

La funcionaria también detalló que aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos que corresponderá en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. “Así se hace un costo total proyectado a 20 años que es aproximado de 266,300 millones de pesos”, explicó.

En este sentido también criticó las altas cantidades de dinero que deben apartar para cumplir con estos pagos, pues derivado de estas responsabilidades, “de un total de 22,776 millones de pesos ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 68.3% fue para pagar a las empresas privadas, es decir, 15,562 millones de pesos”.

Asimismo, mencionó que el costo diario por cada interno se estimaba en poco más de 3,000 pesos, mientras que por cada mes debían pagar cerca de 114,588 pesos por cada uno de los reclusos de dos centros penales privados en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, otro en Michoacán y el femenil de Morelos.

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, presentó las cláusulas de los contratos, los cuales se otorgaron por medio de adjudicaciones directas a empresas como Arendal, GIA, ICA, Prodemex, Tradeco y Grupo Ideal, según el informe Privatización del Sistema Penitenciario en México, de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

Entre los apartados más destacados de dichos documentos se encuentra que la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual quiere decir que “la empresa sólo brinda condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares”.

Además, se establece que los pagos realizados desde el inicio al término del contrato, deberán hacerse de manera mensual “por el total de la capacidad de la población del penal y se actualizará conforme a la inflación”.

Por último, otra de las cláusulas más relevantes es que al concluir la vigencia de los contratos, el inmueble y sus instalaciones serán propiedad del proveedor y no del gobierno. Sin embargo, se abre la posibilidad de llevar a cabo un nuevo convenio entre ambas partes.

Ante esto, el presidente informó que ya existe una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa; además, refirió que dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales.

“Consideramos que es un abuso. Si hay voluntad para que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública”, aseguró el mandatario, quien también resaltó que si no se logra el trato, se llevará a cabo una denuncia civil para cancelar los contratos.

“Se va hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente, o al mismo tiempo, es que se va a empezar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo (…) Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos están muy ligados al poder. Me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos y esto es lo que ya no queremos que vuelva a ocurrir”, subrayó.

La privatización de cárceles federales empezó en 2010, durante el sexenio de Calderón. El plan era recurrir a la inversión privada para aumentar el número y calidad de las prisiones, así como mitigar las deficiencias del sistema penitenciario con menores costos económicos y sociales.

Sin embargo, la privatización no generó un cambio significativo para las personas privadas de su libertad, pues las condiciones de reclusión en centros penitenciarios públicos y privados no son muy diferentes, ya que en ambos esquemas, estas son apenas aceptables para lograr una estancia digna y segura, según datos para Centros Federales del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH.

Asimismo, las organizaciones civiles mencionaron en su informe que uno de los problemas de la privatización es que el ahorro de costos impacta de manera negativa en la calidad de vida y las perspectivas de reinserción social dentro de los penales federales.

Información. Infobae.

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